Condenados por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia

TRIBUNAL SUPREMO

El caso investigaba presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Tras cinco semanas y trece sesiones de celebración quedó visto para sentencia a comienzos de mayo con la Fiscalía dando ya por probada la existencia de una trama criminal con el exministro en la cúspide

22 jun 2026 - 14:28

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados que juzgaron el caso imponen asimismo una pena de 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García -con un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio pero le suspenden la pena.

Tras cinco semanas y trece sesiones de celebración, el juicio por el caso mascarillas quedó visto para sentencia a comienzos de mayo con la Fiscalía dando ya por probada la existencia de una trama criminal con el exministro en la cúspide. Éste se defendió de las acusaciones contra él.

Koldo García arremetió contra la UCO y el PP. Aldama renunció a su derecho al alegato final.

Un alegato final que José Luis Ábalos aprovechó para cuestionar la investigación llevada a cabo, la fiabilidad de las pruebas contra él y la trascendencia de sus acusaciones, como la de cobrar comisiones ilegales, que negó.

En la misma línea, quien fuera su asesor, Koldo García, se situó como víctima de un proceso en el que se le juzga, dijo, no tanto por unos hechos, sino por quién es.

Renunció a su derecho al alegato final Víctor de Aldama, para quien la Fiscalía mantuvo su petición de siete años de cárcel tras aplicarle el atenuante por confesión en el menor grado que permite la ley.

Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió "graves" delitos de corrupción. Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

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