Concentración y una proposición de ley contra la venta de armas de España a Israel

Representantes de varias organizaciones sociales se han concentrado este jueves a las puertas del Congreso para pedir al Gobierno que no venda armas a Israel. El acto ha tenido lugar al mismo tiempo que los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, Podemos, Bildu y BNG han registrado una proposición de ley en el mismo sentido.

En el texto se defiende el embargo de armas a Israel como una medida esencial para preservar la paz y proteger los derechos humanos.

La proposición de ley, impulsada por la Red estatal contra la ocupación en Palestina Rescop con el apoyo de más de 500 organizaciones de la sociedad civil, ha sido registrada este jueves con la firma de los citados socios parlamentarios de Pedro Sánchez, incluido Sumar, que gobierna en coalición con los socialistas.

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada en representación de los comunes, Aina Vidal, ha declarado a los medios este jueves en la presentación de la iniciativa con las asociaciones que en el grupo no tenían ninguna duda sobre el contenido de la proposición, pero querían más tiempo para leerla.

"Necesitamos que haya un avance en torno a nuestra legislación que permita que seamos más garantistas en la compra y venta de armas y la participación que tienen estas en conflictos que vulneran de forma clara los derechos humanos", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido al Gobierno de Sánchez que, más allá de las declaraciones, tome medidas y "cese la financiación" y "la venta o compra de armas de forma directa o indirecta con el estado genocida de Israel".

En representación de las asociaciones, ha hablado entre otros la portavoz de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Ana Sánchez, que ha explicado que han impulsado esta proposición de ley "para obligar de manera legal al Gobierno a respetar el Derecho internacional y a ponerle fin a su complicidad con un régimen colonial, genocida y de apartheid".

En concreto, la proposición de ley plantea una reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, con el objetivo de introducir la figura del embargo y su régimen jurídico.

La iniciativa pide que sea posible embargar armas a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España por la comisión de un crimen de genocidio o crímenes de lesa humanidad, entre otros.

Y subraya la necesidad de evaluar e incluso impedir las exportaciones de armas para evitar que lleguen a manos de actores "que puedan usarlas para perpetrar atrocidades o desestabilizar regiones enteras", como aseguran que ocurre actualmente en la Franja de Gaza, en la frontera de Israel con el Líbano y en otros lugares de Oriente Medio.

Ante las peticiones de algunos de sus socios sobre el embargo de armas a Israel, los socialistas han defendido a lo largo de las últimas semanas que España no ha concedido ninguna licencia de exportación de armamento a este país desde el pasado 7 de octubre, día en que comenzó la guerra en Gaza.