La Audiencia de Madrid revoca la orden de Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición que el juez Juan Carlos Peinado hizo de los correos electrónicos enviados y recibidos entre 2018 y 2025 por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, desde su cuenta institucional, así como su envío a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez respecto a una providencia dictada por Peinado el pasado 3 de septiembre, y ha revocado la parte dispositiva al considerar que la petición de los correos carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según señala en un auto dictado el 9 de diciembre, al que ha tenido acceso EFE este lunes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid recibió copia de los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta que le asignaron en Moncloa y los remitió a la UCO a través de una providencia dictada el 2 de noviembre.

Ahora, ese movimiento quedará sin efecto tras el auto de la Audiencia de Madrid, que argumenta que la interceptación de las comunicaciones se tiene que adoptar mediante un auto judicial motivado y superar los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Sin embargo, los tres magistrados señalan que la resolución de Peinado "por utilizar la forma de providencia" no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, "lo que viene a dar la razón a los recurrentes" acerca de que "resulta una medida carente de la justificación necesaria".

Peinado pidió los correos de la mujer del presidente del Gobierno para esclarecer si ésta influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

La Fiscalía y la defensa de Gómez recurrieron esta decisión al considerar que era "absolutamente desmesurada" y que vulneraba sus derechos fundamentales y la ley.