Aprobada la ley de vivienda que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas
CONSEJO DE MINISTROS
El gobierno ha retocado la norma para clarificar las competencias autonómicas después del crítico informe del CGPJ.
La Junta ya ha dicho que no limitará el precio del alquiler y que recurrirá al Constitucional si invade competencias.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado "con respeto absoluto a las consideraciones" y ha señalado que se han "incorporado comentarios" para "clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica".
"El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico", ha dicho la Sánchez.
Teniendo en cuenta que el informe no es vinculante, el gobierno dice haber tenido en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la ley, aunque estas no han sido "de carácter sustantivo". "Esas apreciaciones que han supuesto introducir alguna modificación se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento del Estado para regular esta materia", ha comentado la ministra. Sánchez ha aludido al artículo 149 de la Constitución Española, sobre las competencias exclusivas del Estado.
LA LEY PERMITE TOPAR LOS ALQUILERES EN ZONAS TENSIONADAS
La norma establece que se regulen los precios en zonas tensionadas, es decir, con alta demanda de vivienda. Se quiere garantizar que no se disparen los alquileres en esos "puntos calientes" de las ciudades. Como contraprestación estarían previstas bonificaciones fiscales para los caseros que bajen las rentas que cobran por sus casas.
Otro de los objetivos es evitar la existencia de pisos vacíos. En este sentido, el texto contempla recargos del IBI de hasta un 150% a viviendas que hayan estado desocupadas durante más de dos años.
La ley también presta especial atención a las viviendas protegidas y al alquiler social.
LA JUNTA IMPUGNARÁ LA NORMA
Esta norma nace con críticas judiciales y de algunas comunidades autónomas. El gobierno de Andalucía ya ha anunciado que la impugnará. La Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, asegura que la norma "no protege el derecho a la pripiedad privada". E insiste en que en Andalucía "no se limitarán los precios de los alquileres porque ha sido un fracaso en otros países de nuestro entorno y menos en un mercado tan sensible y en un momento de dificultad".
El Gobierno andaluz ha expresado este martes su oposición al proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros y ha advertido de que si invade competencias autonómicas presentará recurso en el Tribunal Constitucional (TC). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elias Bendodo, ha expuesto que la Junta está "absolutamente en contra de cualquier intervencionismo". "Somos un gobierno liberal y por tanto la propiedad privada no se puede atropellar", ha remarcado.
