Acuerdo en la Unión Europea para la reforma del mercado de la electricidad

Acuerdo en la Unión Europea (UE) para la reforma del mercado eléctrico. Los ministros de Energía y Clima de los 27 han consensuado este martes en Luxemburgo un nuevo sistema para establecer el precio de la luz.

En la nueva fórmula acordada para establecer la tarifa, no van a tener tanto peso las oscilaciones de los precios en el mercado de los combustibles fósiles. Con esta medida, tratan de contener tanto las fluctuaciones como el alto coste de la energía. 

El texto reformado persigue proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios y acelerar el despliegue de las energías renovables.

La reforma del mercado de la electricidad estaba enquistada por un enfrentamiento entre París y Berlín a propósito del trato que debe concederse a las centrales nucleares.

La Presidencia española del Consejo de la UE ha logrado el acuerdo de todos los países, salvo Hungría, que se abstuvo, con una propuesta de última hora que consiguió despejar las dudas de Alemania sobre las posibles ventajas competitivas que podría obtener Francia a través de sus centrales atómicas.

"Me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos por vuestro espíritu constructivo", dijo la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete estallaran en aplausos.

El texto final de la reforma, concebida al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo con el objetivo de finalizar la reforma antes de que acabe el año.

El mayor logro en esta negociación ha sido poner de acuerdo a Francia y Alemania. Los franceses querían incluir la energía nuclear en los llamados Contratos por diferencia, un mecanismo para que los gobiernos puedan captar parte de los beneficios de las eléctricas cuando suben los precios. Los alemanes pensaban que esta inclusión otorgaba a Paris una ventaja competitiva injusta. El nuevo mecanismo velará porque las ayudas públicas a la energía nuclear no creen distorsiones sobre la competencia en el seno del mercado en la Unión Europea.

La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la industria eléctrica querían acometer el ajuste de mercado y coincidían en las grandes líneas: facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo para acercar la UE a sus objetivos climáticos y para alejarla de los hidrocarburos de Rusia.

Pero durante meses ha persistido un desacuerdo con una doble vertiente. Por un lado, hay una dimensión ideológica que enfrenta a Francia con Alemania a propósito de la energía nuclear y, por otro, la desconfianza competitiva entre las dos grandes economías de la Unión Europea.

El debate se produce en un momento en el que el bloque comunitario está muy centrado en buscar soluciones para no perder competitividad frente a los subsidios masivos que Estados Unidos y China están inyectando en sus economías para liderar la carrera de las tecnologías "verdes".

Alemania (con el apoyo de socios como Países Bajos, Dinamarca, Italia, Dinamarca o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados "contratos por diferencia" (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.

Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve la diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.

París quería que su potente parque nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD, mientras que Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria francesa, mermando la competitividad germana.

El cisma eléctrico, prácticamente inalterado desde que la Comisión Europea presentara su propuesta original el pasado marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19.b, que regula esos contratos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, abordaron el asunto en una reunión bilateral en Hamburgo la semana pasada, y se propusieron alcanzar un pacto en octubre.

La Presidencia española había conseguido ya el respaldo -con matices- de Suecia, Bélgica Irlanda, Finlandia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, República Checa, Grecia y Portugal con la última propuesta de cara al consejo de ministros europeos de Energía de Luxemburgo.

Y tras varias horas de debate en la cita ministerial, la española Teresa Ribera, en el papel de árbitro comunitario, presentó una nueva propuesta -la novena- buscando un término medio entre ambos bloques, que resultó exitosa.

En concreto, los Veintisiete acordaron que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y las que extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.

Pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática a las plantas existentes, sino que pasen por el filtro de control del Ejecutivo comunitario "de acuerdo con lo que hoy ya existe", pero con "una serie de criterios que simplifican todo el tratamiento", explicó Ribera en rueda de prensa.

Tendrán, por tanto, que obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado en el caso de que no haya competencia -como suele ocurrir en el caso de la construcción de plantas nucleares-; y en el caso de las ampliaciones, el nuevo esquema se aplicará sólo a la parte proporcional de la inversión en nuevos activos.