El 95% de las empresas podrán aplazar un mes la declaración del IVA, IRPF y sociedades

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación en un mes, del 20 de abril al 20 de mayo, del plazo para que 3,4 millones autónomos y pymes presenten y abonen sus impuestos, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

Esta moratoria, que había sido reclamada desde colectivos empresariales, facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias e inyectará 3.558 millones de euros de liquidez a estos colectivos en un momento de crisis por el coronavirus, según Montero.

El cambio normativo afecta a todas las empresas y autónomos que facturen un máximo de 600.000 euros anuales, lo que supondrá que un total de 3,4 millones de contribuyentes, el 95 % del total de los que tenían que presentar declaraciones en abril, ya no se verán en la obligación de hacerlo.

Este 20 de abril debían liquidar el primer trimestre del IVA, así como los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades, un plazo que ahora se amplía hasta el 20 de mayo. En el caso de impuestos domiciliados, el plazo se retrasa del 15 de abril al 15 de mayo.

Junto a esta medida, el Gobierno trabaja en la posibilidad de facilitar que los autónomos que tributan en el sistema de módulos puedan pasar temporalmente al de estimación directa, una cuestión que Montero ha asegurado que se aprobará "en breve".

La ministra también ha recordado que en los primeros momentos de confinamiento se aprobó una medida que permite a los autónomos aplazar el pago de impuestos por hasta 30.000 euros durante seis meses.

PRÉSTAMO A LA TESORERÍA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones en un momento de aumento del gasto por las medidas extraordinarias para paliar los efectos de la epidemia de coronavirus.

LOS AUTÓNOMOS PIDEN LA SUSPENSIÓN DE LAS COTIZACIONES SOCIALES DE ABRIL

El presidente de la asociación de trabajadores autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido a la ministra que "no deje en la cuneta a los 1,4 millones de autónomos que no tienen acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario", y que suspenda las cotizaciones sociales a los autónomos.

Amor ha trasladado al Gobierno que, aunque un millón van a tener acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario y otros 800.000 están facturando y teniendo "una actividad relativa y medio normal", hay 1.400.000 que "lo están pasando muy mal".

Para ese colectivo ATA reclama la suspensión de las cotizaciones sociales de abril, porque siguen activos, por lo que no cobrarán la prestación por cese de actividad, pero "no saben lo que van a facturar".

Además, ha criticado que el requisito para acceder al cese de actividad sea una caída de ingresos del 75 %, cuando para poder beneficiarse de una moratoria hipotecaria sólo se reclama un descenso del 40 %.

Desde la unión de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA), su secretario general, Eduardo Abad, ha pedido la rebaja del 75 % al 50 % la minoración de los ingresos requerida para acceder al cese de actividad, así como que se incluyan los alquileres de comercios en la moratoria.

Abad ha planteado a la ministra que se aplace al segundo trimestre el pago de los impuestos del primer trimestre y que se aborde un plan estratégico de digitalización para el colectivo, que "ve imposible acometer" la actividad en el futuro con el cambio en las formas de consumo que ha traído consigo la pandemia.

La secretaria general de la unión de asociaciones de trabajadores autónomos y emprendedores (Uatae), María José Landaburu, ha pedido también rebajar el umbral de caída de los ingresos para acceder al cese de actividad, actualmente en el 75 %, y llevarlo, "en algunos sectores especialmente golpeados, al 40 %".

Landaburu ha pedido también extender la prestación a los 20.000 autónomos de temporada del sector turístico y a los 400.000 sin mutua colaboradora asignada, así como ayudas y moratorias para que los gastos asociados a la actividad, como el alquiler de un local, o los préstamos bancarios previos para maquinaria, vehículos o licencias, "no asfixien a los trabajadores por cuenta propia".