El Gobierno central aprueba unos presupuestos "expansivos" con récord de gasto social
La cuantía asciende a 48.000 millones de euros de los que 267 mil millones van destinados al llamado gasto social.
Las pensiones se van a revalorizar alrededor del 8,5 por ciento.
Son las últimas cuentas de la legislatura que además coinciden con un año electoral.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos más expansivos de la democracia con un gasto social récord, del 55%, a pesar del parón de la economía previsto por el ejecutivo para el año que viene. Son las últimas cuentas de la legislatura que además coinciden con un año electoral.
La cuantía asciende a 486.000 millones de euros de los que 267 mil millones van destinados al llamado gasto social.
El proyecto presupuestario contempla un techo de gasto de 198.211 millones, un 1,1 % más y un máximo histórico, incluidos 25.156 millones de fondos europeos.
El Gobierno ha mantenido la previsión de déficit para el cierre de 2023 en el 3,9 % del PIB, 1,1 puntos por debajo del estimado para 2022, a pesar de que las cuentas llegan en un entorno económico más adverso del apuntado en julio, cuando se aprobó el techo de gasto.
De hecho, el Ejecutivo ha revisado a la baja la previsión de crecimiento económico para 2023, hasta el 2,1 % -seis décimas menos- y ha elevado su estimación de deflactor del consumo privado, indicador similar al IPC, hasta el 4,1 % (2,9 % en julio).
El gasto social consumirá la mayor parte del Presupuesto, un total de 266.719 millones (excluidos fondos europeos), lo que supone un máximo histórico y seis de cada diez euros de las futuras cuentas.
Buena parte de este gasto social irá destinado a pensiones, cuya dotación crece un 11,4 % para sufragar tanto el aumento de pensionistas como la revalorización de las pensiones con el IPC, que rondará el 8,5 % -el dato definitivo se derivará de la inflación de noviembre-.
Además, por primera vez en trece años, las cuentas realizan una aportación al Fondo de reserva de las pensiones de 2.957 millones, procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional.
Otras partidas que crecen son el gasto en personal -un 6,6 %, para incorporar la subida salarial de los empleados públicos, del 2,5 % fijo y 1 % variable-, educación (6,6 % más), sanidad (6,7 %), vivienda (5,4 %), infraestructuras (6,7 %) o dependencia.
Una de las partidas más polémicas por el rechazo de Unidas Podemos ha sido la del gasto en defensa, que aumenta un 25 % para avanzar en los compromisos alcanzados con la OTAN, a través tanto de la dotación ministerial como de fondos europeos y programas especiales.
Entre las novedades presupuestarias figura la extensión a todo 2023 de la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, la única medida del paquete de ahorro energético presupuestada, ya que la ampliación del resto -como la rebaja del IVA de la luz o la bonificación del carburante- más allá del 31 de diciembre se decidirá a finales de año.
También se amplía a 2023 el bono alquiler joven, el bono cultural joven, se destinan 260 millones para un programa de alquileres accesibles y se dota la extensión de la ayuda de 100 euros al mes para familias con hijos de cero a tres años a mujeres que hayan cotizado un mes o recibido una prestación contributiva o asistencia, una medida que recogerá la ley de familias. También se considerarán familias numerosas las monoparentales con dos hijos a su cargo.
Los Presupuestos consignan unos ingresos no financieros de 307.445 millones, un 6 % más, con una recaudación tributaria récord de 262.781 millones, un 7,7 % más, y un fuerte crecimiento de los ingresos por IRPF (7,7 %), impuesto de sociedades (7,7 %) e IVA (5,9 %).
El Gobierno ya avanzó la pasada semana su paquete fiscal, con bonificaciones del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros, aumento para las rentas de capital de más de 200.000 euros, una rebaja del impuesto de sociedades para micropymes o una bajada del IVA a los productos de higiene íntima femenina.
Estas medidas fiscales se complementan con otras no incluidas en los Presupuestos como el nuevo impuesto a las grandes fortunas, la limitación de las compensaciones de pérdidas en los grupos empresariales o los gravámenes para grandes energéticas y bancos.
Ahora el Ejecutivo PSOE y UP buscará los apoyos parlamentarios necesarios entre sus socios de investidura.
