El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes residentes en España

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes que actualmente residen en España y que están en situación administrativa irregular. Esta reforma permitirá que puedan obtener permisos de residencia y trabajo a aquellas personas que residan en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales. El plazo se abre el 16 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Se requiere cita previa, para solicitar la regularización y se podrá pedir en la web del ministerios de migraciones o en el teléfono 060. El Gobierno habilitará 450 oficinas para canalizar la tramitación.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.