Ley del "solo sí es sí"
Ley del "solo sí es sí"

El CGPJ rechaza los "ataques intolerables" a los jueces por la revisión de condenas

El máximo órgano de los jueces explica que la aplicación de la conocida como Ley del "solo sí es sí" provoca  la revisión a la baja en algunas condenas a agresores sexuales porque tiene carácter retroactivo y que ya advirtió de ello antes de su aprobación 

Irene Montero ha asegurado que el problema no está en la ley sino en los jueces que no la aplican "por machismo" y por falta de formación en igualdad

CANAL SUR MEDIA 17 noviembre 2022

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este miércoles un comunicado en el que expresa "su más firme repulsa alos intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos" por las revisiones de pena que han hecho ya algunos jueces debido a la entrada en vigor de la 'ley del solo sí es sí'.

Dicho ataques, ha indicado, "se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual". "Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", ha añadido.

Además, ha recordado que en el informe del CGPJ sobre esta ley ya se advertía de que el nuevo "cuadro penológico" suponía "una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que 'la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente'".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que 'tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'".

En este sentido, ha señalado que "las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, coincidirán este jueves en el Senado con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Será en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género donde se verán las caras tras las acusaciones de "machismo" de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la nueva ley.

Montero ha asegurado que el problema no está en la ley sino en los jueces que no la aplican "por machismo" y por falta de formación en igualdad. Al acto también acudirá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en un acto este miércoles ha sido preguntado por las críticas de Igualdad a los jueces.

"En el poder judicial, como a cualquier otro poder, hay un principio sustancial que es respetar las resoluciones judiciales", afirmaba

Por otro lado, la  Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha asegurado que las revisiones de penas a violadores tiene que ver con una "defectuosa técnica legislativa" y ha negado, como ha asegurado la ministra de Igualdad Irene Montero, que tenga que ver con "perspectiva de género".

En la misma línea, la Asociación Profesional de la Magistratura ha exigido la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad. En este contexto, la asociación admite la crítica a las resoluciones judiciales pero recomienda que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produzcan con la "ponderación y prudencia" que demandan las normas de respeto institucional.

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