Aprobado el Plan de Empleo Aire: 165 millones de inversión beneficiarán a 19.000 parados

El Parlamento andaluz ha aprobado en una sesión extraordinaria el decreto-ley que regula la Iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo (Iniciativa AIRE), que tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio de los municipios andaluces ante el coronavirus. 

La norma ha sido convalidada con los votos a favor de PP, Cs y Vox -que hace dos semanas impidió su debate en pleno extraordinario con su voto contrario-, lo que permite, según ha expuesto la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que en septiembre "podrían empezar los proyectos y contrataciones". 

La iniciativa, con un presupuesto de 165 millones de euros y la previsión de crear 19.000 puestos de trabajo y tener especial incidencia en municipios del interior, ha sido solicitada ya por 771 de los 785 ayuntamientos de la comunidad, que recibirán de forma anticipada el cien por cien de los fondos. 

"Nos habría gustado contar con una cifra mucho mayor, pero estábamos condicionados por el remanente que quedaba en el marco de los fondos europeos", ha dicho Blanco, que ha añadido que se pone en marcha "desde el respeto a la autonomía de las corporaciones locales y con espíritu de colaboración". 

 Las contrataciones tendrán una duración de entre seis y ocho meses "para facilitar el acceso al mayor número posible de destinatarios" en una iniciativa que, según la consejera, "es un elemento más dentro de una respuesta global a la crisis que tiene que contar con el respaldo de otras". 

El decreto-ley está dirigido a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación, "un acompañamiento público para conseguir que los destinatarios se incorporen al sector privado", ha precisado Blanco. 

Se incluyen entre los proyectos subvencionables, entre otros, el acondicionamiento de playas, parques públicos, parques infantiles o cualquier lugar o espacio público de ocio, la puesta en marcha de espacios formativos e informativos para la ciudadanía o las medidas sociales para apoyo a colectivos especialmente vulnerables. 

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha justificado el voto a favor de su grupo "por responsabilidad y lealtad" a los ciudadanos y para "no ser partícipes de que se pierdan 150 millones de euros" y ha enumerado las "exigencias" de su grupo al Gobierno de PP y Cs, como que el reparto de los fondos se haga con criterios lógicos. 

"Se debe atender a las necesidades actuales y que se beneficien aquellos trabajadores de temporada que no tengan opciones de obtener recursos de forma inmediata y no tengan empleo", ha sostenido. 

La portavoz del PSOE, Noelia Ruiz, ha mantenido el no de su grupo en que las cantidades del plan "se quedan cortas" y la expectativa de creación de empleo es "absolutamente falsa" porque "no se ha abordado la situación de los ayuntamientos" ni se permite que los contratos puedan tener una duración de doce meses, ha criticado. 

"Han sido incapaces de ponerlo en marcha en un año y medio y ahora se han dedicado a contarlo a bombo y platillo y esconder los recortes", ha dicho Ruiz, que ha añadido que "los andaluces merecen un Gobierno serio y no uno dedicado al autobombo y la mentira". 

Desde Adelante Andalucía el diputado Guzmán Ahumada ha mantenido que el plan "ni es extraordinario ni es nuevo, y además sale fuertemente recortado" y ha criticado que se apruebe "por decreto, en el tiempo de descuento y con los compromisos que acabamos de conocer con la ultraderecha". 

La portavoz del PP, Dolores López, ha dicho a la oposición que "la dejan en evidencia los alcaldes y concejales de sus partidos que han defendido el plan" y ha reprochado al PSOE que vote en contra porque "ahora el dinero se destina a contratar a andaluces, y no solo a socialistas". 

La diputada de Cs, Mónica Moreno, ha acusado a PSOE y Adelante de "esperar sentados el momento de asestar el golpe de gracia a la Junta, aun siendo conscientes de la injusticia que vive Andalucía por parte del Gobierno central" y ha justificado la tramitación como decreto-ley en la "situación de excepcionalidad".