Se reanuda el juicio de Acyco tras la muerte de Guerrero
Se trata de una pieza separa del caso de los ERE en el que se enjuician las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas
Doce personas en el banquillo, entre las que figuran varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.
El juicio, promovido contra doce personas entre las que figuran varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, ha sido reanudado con el tribunal tomando "conocimiento del fallecimiento" reciente del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, acusado en este procedimiento, víctima de una neumonía ajena al coronavirus covid-19.
El resto de exaltos cargos de la Administración andaluza acusados en esta pieza separada de los ERE son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ha anunciado que no declarará; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.
El que fuera director de Recursos Humanos de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) Gabriel Barrero ha manifestado que la "premisa" del ERE promovido en 2003 por Acyco era que la Junta de Andalucía pagaría las prejubilaciones "en condiciones muy favorables" de 35 empleados y que los mismos aceptaron "encantados" su salida de la entidad.
Gabriel Barrero, quien ha optado por responder sólo a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor, ha explicado al fiscal que en 2002, la empresa Acyco, con sede social en Dos Hermanas (Sevilla), afrontaba una situación "no muy halagüeña" y, por aquel entonces, había contratado a la consultora Deloitte para esclarecer entre otros aspectos si era "necesario" promover un ERE en la plantilla, envejecida frente a unas instalaciones de perfil especialmente moderno, según ha dicho.
En ese contexto, según sus palabras, el abogado José Miguel Caballero, también acusado en la causa, le habría telefoneado en nombre de la firma Garrigues para plantearle directamente esa "posibilidad" de promover un ERE.
Al respecto, ha precisado que a su entender, el ERE partía de la "premisa" de que la Junta de Andalucía costeaba las prejubilaciones de las 35 personas afectadas, en "condiciones muy, muy favorables". Tanto es así, según ha expuesto, que los 35 trabajadores aceptaron "encantados" su inclusión en el ERE, entre ellos Encarnación Poto, también acusada en esta causa por su papel como presidenta del consejo de Administración de Acyco.
Empero, Barrero ha alegado que él no tuvo "nada que ver" con el plan social diseñado para el ERE, de cuya elaboración se encargó la firma Garrigues, según ha asegurado.
Además, ha alegado que él sólo tuvo un papel "testimonial" en el protocolo firmado posteriormente entre Poto y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, acusado también en la causa pero recientemente fallecido, sobre las pólizas de las prejubilaciones del ERE. Según ha dicho, sólo acompañó a Poto a la firma del documento y horas después, cuando se percató de que en el mismo figuraban dos personas ajenas a Acyco y no estaba incluida Encarnación Poto pese a haber sido prejubilada, alertó personalmente a la firma Garrigues de dicha "incidencia".
