La Junta reorganiza la Agencia de Instituciones Culturales y no descarta despidos
Con 483 trabajadores y 24 millones de presupuestos, sufría una absoluta desorganización interna, según la consejera Patricia del Pozo
Además, el Gobierno ha decidido cambiar los requisitos para impulsar menús escolares más saludables
El Gobierno andaluz modifica la estructura de la Agencia de Instituciones Culturales, que incluye la reorganización de sus 483 trabajadores sin descartar futuros despidos. Según ha criticado la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), de sus 24 millones de presupuesto, 18 se dedicaban al pago de nóminas y sólo un millón para acción cultural en toda la comunidad. Hay además una partida de más de 10 millones de euros para el mantenimiento de las orquestas andaluzas.
La reforma de la Agencia de Instituciones Cuturales es consecuencia de la auditoria encargada por el Gobierno a la Intervención General y que, según la consejera, ha puesto de manifiesto la desorganización interna y la mala gestión de este organismo.
Patricia del Pozo denuncia además que el anterior Gobierno desviaba partidas a fines distintos a los previstos y dificultaba el acceso de los creadores a las subvenciones.
De momento, asegura que se simplifica la estructura y se reorganizan las funciones del personal, pero no descarta que en los próximos meses puedan tomarse medidas que supongan la reducción de plantilla.
El portavoz del Gobierno ha puesto esta agencia como ejemplo de la mala gestión socialista sobre la llamada "administración paralela".
Por otro lado, la Junta ha decidido cambiar los requisitos para impulsar menús escolares más saludables. Se pretende facilitar la participación de las pymes, fomentar el uso de productos locales, la cercanía de las cocinas e impedir prorrogar el contrato a las concesionarias de estos servicios que hayan sido sancionadas.
La Junta de Andalucía ha modificado la contratación de comedores escolares para facilitar el acceso de pymes locales y ofrecer menús más saludables con productos del entorno. El Consejo de Gobierno ha aprobado una primera partida de 33,8 millones de euros que afectará a 364 centros.
Este primer contrato con nuevas condiciones para los comedores escolares beneficiará a unos 40.000 estudiantes de las ocho provincias. Según ha explicado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, los nuevos requisitos buscan facilitar la participación de empresas más pequeñas que utilicen productos locales y por tanto sean menús más saludables. Además, los comedores que sean sancionados no podrán prorrogar el contrato.
