Viera asegura que el dinero del 31L se repartía "a demanda" y con "normativa suficiente" según Fernández

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha tomado este martes declaración como testigos a los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en el marco del juicio promovido sobre las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Los citados exconsejeros fueron excluidos de este proceso judicial, recordémoslo, merced a la aplicación del principio "non bis in ídem", según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, toda vez que ambos figuran ya como condenados en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31 de la Junta de Andalucía.

En esa pieza, la Sección Primera de la Audiencia condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los mencionados exconsejeros.

Precisamente por ello, el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Lledó, les ha recordado que su comparecencia como testigos en este juicio les ponía en una "situación peculiar" dada la posibilidad de afrontar preguntas que pudiesen afectar a su condición en otros procedimientos judiciales relacionados con este, extremo por el cual ambos han declarado asistidos de sus respectivos abogados.

PODÍAN NEGARSE A CONTESTAR

En cualquier caso, el presidente del tribunal les ha recordado su derecho a no contestar aquellas preguntas que considerasen que pudiesen afectar a su condición en otros procedimientos judiciales relacionados con este; así como su obligación de decir la verdad en caso de optar por responder.

Así las cosas, y en el ámbito general de los fondos librados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, Viera ha contestado a la fiscal del juicio que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda".

Al punto, el que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 ha defendido que en aquellos tiempos, el "proyecto político" del PSOE contemplaba medidas de apoyo para "empresas en situaciones de dificultad", lo que en el plano de la Junta de Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas hasta las últimas elecciones autonómicas, se tradujo en la inclusión de políticas para "atender esas situaciones" en el acuerdo de concertación social firmado entre la Administración andaluza, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos mayoritarios.

"LOS EMPRESARIOS LO SABIAN"

Ante las preguntas de la fiscal sobre el conocimiento general o no de tales ayudas, Viera ha respondido que merced a ese "diálogo social", resultaba "lógico pensar que los empresarios lo sabían". "La CEA lo sabía y firmó ese acuerdo", ha insistido respecto al pacto de concertación social.

Mientras la ya mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia declara que las ayudas de la partida 31L de los presupuestos autonómicos fueron concedidas sin "seguir procedimiento administrativo alguno" y omitiendo "la fiscalización previa", tratándose de subvenciones excepcionales que habían carecido incluso de "expedientes", Viera ha defendido que los "requisitos" necesarios para optar a estas ayudas "estaban establecidos a partir de una situación de crisis empresarial", citando casos como el del cierre de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o la crisis de la cuenca minera de Huelva.

En ese marco, ha considerado que las "demandas" de ayuda recalarían en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, entonces ostentada por Francisco Javier Guerrero, también condenado en la sentencia del "procedimiento específico" y fallecido en octubre de 2020. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, a su entender, "tenía competencias para otorgar esas ayudas", idea que contradice la tesis general de la investigación.

QUIÉN SE ENCARGÓ DE LOS DOCUMENTOS

De cualquier modo, Viera ha defendido que como consejero, él "en ningún caso" trabajó con los expedientes y documentos relacionados con las ayudas, pues tal aspectos estaba encomendado a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, es decir a Guerrero.

Antonio Fernández, primero viceconsejero de Empleo y después consejero del ramo en sucesión de Viera, ha coincidido en que para la distribución de los fondos de la partida presupuestaria 31L no había "bases publicadas" en ningún "boletín oficial", alegando igualmente que los "elementos" para ello figuraban en el acuerdo de concertación social con la patronal y los sindicatos y la memoria de los proyectos presupuestarios anuales de la Junta de Andalucía, documento este

último que incluía según ha dicho los programas de "apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial".

Así, ha defendido ante la fiscal que las ayudas contaban con "normativa suficiente", asegurando en paralelo que tales subvenciones contaban con un "control y fiscalización permanente" a través del entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), tarea que según ha asegurado "se hizo". De tal modo, el exconsejero de Empleo, también condenado por las ayudas autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), ha negado cualquier "oscurantismo o discriminación" a la hora de gestionar estos fondos.

LA "MODALIDAD DE GESTIÓN"

Especialmente, ha defendido que la memoria anual de los presupuestos autonómicos incluía expresamente "a qué sectores" se dirigían las ayudas al mantenimiento de la actividad empresarial y la "modalidad de gestión" de las mismas.

Antonio Fernández también se ha desligado de la gestión concreta de los expedientes de ayuda, asegurando que como viceconsejero y consejero su papel era el de "coordinador de las iniciativas políticas" de su consejería. "Yo no tomé decisiones de ningún tipo", ha dicho con relación a los citados fondos públicos, explicando que la Consejería contaba con nueve direcciones generales y cada una de ellas gozaba de "capacidad" de gestión y decisión.

De este modo, Fernández ha insistido en que era la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social la que "instruía los expedientes" de las ayudas indagadas y estaba al tanto de "los documentos", porque él "no estaba" en esta tarea. Al punto, ha manifestado que la citada dirección general tenía "mucho movimiento y mucho tráfico de papeles", con lo que ha manifestado no saber si la documentación correspondiente a las ayudas "existía o no o si se ha perdido o no".