El Supremo revisa los recursos a las condenas a Chaves y Griñán por los ERE

Este miércoles comienza en el Tribunal Supremo la vista para revisar la sentencia condenatoria de los ERE publicada hace dos años y medio. 18 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán, fueron condenados por prevaricación.. o por prevaricación y malversación. Todos recurrieron al Supremo donde este miércoles y jueves acuden las defensas. Griñán fue condenado a 6 años de prisión por malversación, y a 15 años de inhabilitación por prevaricación. Chaves, a 9 de inhabilitación por prevaricación. A esta vista sólo acuden los abogados. La sentencia definitiva no se conocerá hasta después del verano.

Se trata de la causa de mayor trascendencia política en Andalucía. La sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones autonómicas, para evitar cualquier influencia y mantenerse al margen de la lucha partidista.

La comparecencia se celebrará en dos días, miércoles y jueves, algo inusual en el alto tribunal donde las vistas de casación suelen ser un trámite que apenas dura unas horas en ciertas ocasiones. Esto es así por el elevado número de recursos planteados hasta el punto de que las sesiones para exponer los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla podrán ser de mañana y tarde y arrancarán a las 10.00 horas.

El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente), quien lleva más de dos años analizando los recursos de las partes.

El Ministerio Fiscal ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán, que se sitúa así a un paso de la cárcel, y de nueve de inhabilitación especial para Chaves por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.

También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años); así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.

La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la "patente" y "palmaria ilegalidad" de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009. Y subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes regionales, fueron "plenamente conscientes de la patente ilegalidad" de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.