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La juez impone una fianza de cinco millones para los dueños de Magrudis

Causó la muerte a cuatro personas, seis abortos y afectó a más de 200 personas que comieron carne distribuida por la empresa Magrudis, contaminada con esta bacteria. Al Ayuntamiento de Sevilla lo declara responsable civil subsidiario

CANAL SUR MEDIA 22 noviembre 2022

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis registrado en el verano de 2019,  vinculado a la empresa Magrudis S.L, y que causó la muerte a cuatro personas, seis abortos y afectó a más de 200 personas, ha abierto juicio oral a los seis acusados. En el escrito, la  magistrada pide al Ayuntamiento una fianza de cinco millones de  euros. Se trata de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal.

La jueza investiga a la empresa Magrudis por distribuir en 2019 carne mechada a pesar de estar contaminada con la bacteria de la listeriosis. El auto de apertura de juicio oral contra los seis investigados en el procedimiento llega después de que la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas hayan presentado sus respectivos escritos de acusación.

Se juzgan delitos contra la salud pública, en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto, y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave. Al Ayuntamiento de Sevilla lo declara responsable civil subsidiario de estos delitos. 

La magistrada entiende que los dueños de la empresa sabían que la carne mechada estaba contaminada, y que a pesar de ello continuaron distribuyéndola. Esto causó la muerte a cuatro personas, seis abortos y afectó a más de 200 personas.

En el auto, la magistrada requiere a Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. para que, en el plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla)”, y 36.000 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”.


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