La fiscalía pide el ingreso en prisión de Griñán
caso ere
Anticorrupción solicita a la Audiencia de Sevilla el cumplimiento de la pena de cárcel del expresidente y los demás condenados a la cárcel por los ERE.
Se opone a demorarlo mientras se resuelven las peticiones de indulto, aunque la decisión final la tiene la Audiencia.
La fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión del expresidente José Antonio Griñán y de los demás condenados por los ERE. Se opone a demorarlo mientras se resuelven las peticiones de indulto. El Tribunal Supremo, última instancia en la pirámide judicial, confirmó el pasado mes de julio la condena de 6 años de cárcel por el delito de malversación para el ex presidente Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta.
Pero es la Audiencia de Sevilla, instancia que juzgó y condenó a los expresidentes Chaves y Griñán y al resto de los acusados, la que tiene la potestad para decidir si ordena el ingreso en prisión o espera a que el Gobierno se pronuncie sobre los indultos que los 9 ex altos cargos han solicitado.
El ministerio público se ha manifestado en contra de la solicitud de suspensión de las condenas formulada por nueve ex altos cargos de la Junta sentenciados, entre ellos el histórico exdirigente socialista, de manera que apoya su ingreso en prisión antes de que el Gobierno resuelva sobre sus peticiones de indulto.
Nueve son los exaltos cargos condenados por malversación en el caso de los ere, tras el fallecimiento de Javier Guerrero. El expresidente Griñán y la exconsejera de Hacienda Carmen Martinez Aguayo comparten la misma pena: 6 años de prisión por malversación de fondos públicos y 15 de inhabilitación para cargo público por prevaricación. Además, hay otros antiguos miembros del Gobierno de la Junta condenados.
Las condenas de los exconsejeros Fernández, Vallejo y Viera son más altas. Antonio Fernández consejero entre 2004 y 2010 está condenado a 8 años por malversación y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación, y Viera y Vallejo a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación.
El ministerio público responde así a la petición de la Audiencia de Sevilla, tribunal que juzgó el despliegue de un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011 y que solicitó a Anticorrupción y a las acusaciones que se pronunciasen sobre si debía suspender la ejecución de las penas u ordenar el ingreso en prisión de los nueve ex altos cargos.
Tras analizar toda la jurisprudencia al respecto, Anticorrupción ha concluido en su informe que no concurren las causas para suspender el ingreso en prisión de Griñán y el resto de condenados. Ahora la Audiencia provincial de Sevilla espera recibir la opinión del PP, presentado como acusación particular, para decidir sobre la ejecución de la sentencia. A partir de ese momento la Audiencia podría tomarse un plazo de 10 días para dictar la orden de prisión.
La fiscalía basa su petición de ingreso en prisión en la doctrina del Constitucional que fija en cinco años el límite máximo de condena para que se pueda aplazar una sentencia firme. En el caso de Griñan y el resto de condenados, las condenas superan los seis años. Los fiscales también explican que el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan.
La defensa de Griñán ha presentado incidente de nulidad, la petición de amparo al Constitucional y la solicitud de indulto parcial presentada ante el Gobierno por su mujer y sus hijos son las bazas de Griñán para esquivar la cárcel.
Porque, con un tribunal dividido (tres votos a favor y dos en contra), el Supremo ratificó en líneas generales la tesis de la Audiencia de Sevilla y condenó a prisión a nueve ex altos cargos del Gobierno andaluz por aplicar entre 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo.
Fue precisamente la condena a Griñán por malversación (delito que implica pena de prisión) la que generó discrepancias entre los magistrados: dos de los cinco afirmaron que este castigo se basó en "una mera especulación" sin "prueba seria y sólida" y que suponía un "sorprendente y significativo salto al vacío".
El Supremo también ratificó las condenas a inhabilitación por un delito de prevaricación de otros ex altos cargos como el también expresidente andaluz Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
