Colectivos sociales se manifiestan en Sevilla contra el "incumplimiento" de la Ley de Memoria

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Memorialista Andaluza han salido este sábado a la calle en Sevilla para denunciar el "incumplimiento" de la Ley de la Memoria aprobada por el Parlamento de nuestra comunidad en 2017 sin votos en contra. Piden que la Junta invierta el dinero presupuestado para dignificar a las víctimas del franquismo. Las asociaciones calculan que 60.000 andaluces fueron víctimas de franquismo, y que en nuestra comunidad aún quedan 700 fosas comunes sin exhumar.

La manifestación ha partido de Plaza Nueva y ha llegado ha San Telmo, donde el ex-juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha leído un manifiesto en nombre de todas las asociaciones convocantes. El sindicato UGT y organizaciones como Facua han mostrado su apoyo a esta protesta. También las fuerzas políticas de la oposición como el PSOE, en cuyo nombre ha asistido la onubense María Márquez, Martina Velarde por parte de Podemos y Teresa Rodríguez en nombre de Adelante Andalucía. Las dos fuerzas de izquierdas han pedido verdad, justicia y reparación para las víctimas andaluzas del franquismo. Una petición apoyada además por el coordinador general de IU, Toni Valero.

Garzón aseguraba que "la ley debe estar por encima de las ideologías del momento. Los gobiernos lo que tienen que hacer es aplicarla, por respeto a las víctimas. Y hay que reivindicar esa memoria que todavía le cuesta a muchos reconocer".

La organizadores apuntan en una nota de prensa, que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de "verdad, justicia y reparación', y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2. Asimismo, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena (artículo 3).

"Ninguno de estos principios y derechos están siendo garantizados ni llevados a la práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía", afirman, al tiempo que apuntan que "las víctimas y sus familias, para las que exigimos respeto y sentido recuerdo, así como las organizaciones memorialistas, denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo".

Así, las organizaciones exigen "el cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo" de la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la puesta en marcha y ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y que "todavía no se han abordado por falta de financiación o autorización de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, así como la actuación inmediata ante las nuevas solicitudes de exhumación y extracción de muestras de ADN que se presenten por parte de familiares, asociaciones y ayuntamientos".

Además, solicitan financiación "suficiente" para la investigación científica, difusión y divulgación de sobre la memoria, y apoyar que todas las medidas que favorezcan las políticas públicas de memoria deben ir acompañadas de una "adecuada" legislación de archivos. Igualmente, piden la institucionalidad de la efemérides del 14 de junio y la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la memoria histórica "como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada".

Piden, igualmente, el desarrollo normativo necesario para atender de "forma prioritaria" la erradicación de símbolos y actos contrarios a la memoria, el "cumplimiento" de lo aprobado en el Plan Anual 2021 por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en relación a la creación de un banco de AND, con los datos de las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios u otros espacios, a las que agregar las muestras genéticas de familiares voluntarios que lo deseen, especialmente de aquellas personas de avanzada edad.

También reclaman actuaciones dirigidas a la identificación y localización "de niños sustraídos para ofrecerlos en adopción por familias adeptas al régimen franquista y por intereses económicos deleznables, sin conocimiento ni autorización de sus progenitores", la elaboración y desarrollo un plan de digitalización de fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978 depositados en los Archivos Histórico Provinciales de Andalucía y la reapertura del Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la Junta, para atender a víctimas, familiares y asociaciones memorialistas, en sus solicitudes e información de derechos.

"No vamos a parar hasta conseguir memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy más que nunca, en una sociedad polarizada y con una gran desafección de los valores democráticos en la que estamos viendo actuaciones y ejemplos que recuerdan más a épocas pasadas, debemos ser muy conscientes de los riesgos que conlleva el desconocimiento o la tergiversación de nuestra historia reciente. Es por ello que el compromiso y la lucha por la memoria están más vivos que nunca. Se lo debemos a las generaciones pasadas, pero sobre todo a las futuras", concluyen.