Barreras en Coria y La Puebla del Río para frenar el acceso de narcolanchas por el Guadalquivir

El Ministerio del Interior va a invertir 12 millones de euros en instalar barreras móviles en el Guadalquivir para frenar la entrada de narcolanchas por el río. También impedirán el paso a las embarcaciones que sirven para el avituallamiento de los narcos. Estas barreras se van a instalar en las riberas de los municipios sevillanos de Coria y La Puebla del Río. La actuación trata de frenar el acceso de lanchas y embarcaciones dedicadas al petaqueo y al narcotráfico en el principal río de Andalucía, tan habituales hace apenas unos meses, como explica Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. La licitación del proyecto es inminente, pero los detalles son reservados para no dar pistas a los delincuentes.

Este proyecto, enmarcado en el control de las rutas fluviales, supondrá una inversión superior a los 12 millones de euros tras un convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, según avanzó la semana pasada en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien detalló que ha supuesto una tramitación de un año. El ejecutivo central asegura haber incrementado la plantilla de la Guardia Civil en un 10 por ciento en la provincia y estar dotando de más medios a las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado en Andalucía. Alcaldes, Gobierno Central, Policía y Guardia Civil confirman un descenso de la presencia de narcolanchas en el Guadalquivir en los últimos meses.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) han respaldado el proyecto, aunque han exigido mayores recursos para combatir el narcotráfico de forma eficaz. Desde la AUGC han valorado cualquier medida que dificulte la actuación criminal, pero han precisado que, sin la declaración de Zona de Especial Singularidad, un refuerzo real de efectivos, mayor protección jurídica y dotación de medios idóneos, la iniciativa será "un mero parche". Esta asociación ha subrayado que la reciente muerte de dos guardias civiles en acto de servicio frente a la costa de Huelva evidencia la gravedad de la amenaza. Para la AUGC, el narcotráfico es ya "una amenaza directa a la seguridad", por lo que ha considerado imprescindible recuperar el principio de autoridad y garantizar el respaldo institucional a los agentes.

En una línea similar, Jucil ha valorado la medida, ha destacado que haya demostrado eficacia en otros puntos como San Roque (Cádiz) y ha confiado en que su puesta en marcha pueda concretarse "en cuestión de semanas", aunque ha insistido igualmente en que las barreras deben formar parte de una "estrategia mucho más amplia". La organización ha reclamado que la infraestructura se acompañe de un refuerzo de las plantillas, mejores medios marítimos y tecnológicos, y seguridad jurídica frente a redes delictivas cada vez más violentas.

La provincia de Cádiz cuenta con dos antecedentes en este tipo de infraestructuras, la primera instalada en 2001 en Barbate, con un presupuesto de 210.000 euros, y operativa varios años hasta que fue rota por los narcotraficantes. La segunda, ubicada en el río Guadarranque (San Roque), finalizó en 2016 con un coste de más de 231.000 euros y supuso una barrera, compuesta por pilotes de acero rellenos de hormigón fijados al lecho del río, que ha sufrido diversos sabotajes por parte de las mafias, pero que tras ser reparada continúa en funcionamiento impidiendo el acceso de las planeadoras.

Colectivos ecologistas han advertido de que estas instalaciones pueden generar problemas durante lluvias torrenciales debido a la acumulación de residuos y vegetación, lo que provoca un "efecto presa".