El PSOE recurre el decreto de simplificación de la Junta

El PSOE andaluz ha presentado este lunes el contenido del anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de simplificación administrativa de la Junta, que ha justificado tanto por el "fondo" como por la "forma" utilizada para su aprobación.

La presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, y el portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jiménez Barrios, junto al portavoz adjunto socialista en el Senado, Javier Aragón, han sido los encargados de presentar en rueda de prensa el recurso interpuesto por 50 senadores socialistas.

Jiménez Barrios ha dicho que dicho decreto supone un grave "atropello democrático" y sólo aporta "inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social" en momentos especialmente "delicados" para la comunidad por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

"Es una barbaridad jurídica sin precedentes", ha sostenido Jiménez Barrios, ya que "destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público y degrada la función parlamentaria".

Preguntado si el PSOE andaluz estaría dispuesto a paralizar la tramitación del recurso en caso de que la Junta y el Gobierno de la nación, que ha interpuesto otro recurso, negocien en la comisión bilateral, ha dicho que "no tiene nada que ver".

"El Gobierno de la nación ha recurrido unos artículos del decreto que entiende que invaden sus competencias, pero nosotros recurrimos el fondo de todo el decreto, que consideramos un abuso jurídico, y la forma porque se aprobó en una Diputación Permanente, no en el pleno" del Parlamento, ha recordado.

Según el dirigente socialista, la aprobación del decreto "no se ajusta a la exigencia legal de circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad" marcada por la Constitución y el Estatuto, a lo que ha sumado un problema de "naturaleza formal", puesto que se aprobó en una Diputación Permanente "cuestionada en su validez legal" y sin sustento "firme" para avalar que pueda sustituir al pleno de la Cámara.

Ha explicado que el recurso cuenta con el dictamen jurídico de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, y que en el mismo se alerta de la "degradación clara de la función parlamentaria" y del "abuso jurídico", ya que supone una "contrarreforma legislativa" al eliminar casi una treintena de normativas autonómicas "sin la participación de nadie" y sin urgencia "justificada".

Ha sostenido además que el decreto "deja a Andalucía en situación de inseguridad jurídica" para empresas, emprendedores y autónomos que, ante la crisis que se avecina, necesitarían más bien "certeza jurídica".

Según Jiménez Barrios, son modificaciones urbanísticas, ambientales o sobre el patrimonio que "parecen fruto de un ordenamiento pasado", al tiempo que ha asegurado que la "revolución verde" de la que hace gala el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se evidencia como un fraude normativo, parlamentario, jurídico y político".

También ha cuestionado la urgencia del decreto autonómico por la pandemia al preguntarse "qué tendrá que ver con la covid-19 la legalización de emisoras piratas y la autorización de la publicidad institucional de la Junta en radios ilegales, el régimen sancionador del Consejo Audiovisual o la posibilidad de nuevos campos de golf con normativas más laxas".

Por su parte, Micaela Navarro ha defendido el recurso promovido por el PSOE de Andalucía ante el Tribunal Constitucional a través de la firma de 50 senadores (26 andaluces) tras denunciar que el Gobierno de PP y Cs aprobó "de rondón" este decreto "aprovechando la pandemia para imponer su atajo administrativo de dudosa validez".

Navarro ha subrayado que "simplificar no es desregular", y ha insistido en que el Gobierno andaluz no puede utilizar el coronavirus como "excusa para poner en peligro" el futuro y la seguridad jurídica en Andalucía.

El portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Javier Aragón, ha reivindicado que "los derechos de Andalucía también se pueden defender desde Madrid" y ha recalcado que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla está obligado a negociar "con los grupos políticos sin exclusiones.