La pobreza sacude a los menores en Andalucía

El Defensor del Menor de Andalucía ha entregado este martes a la presidenta del Parlamento andaluz el Informe del Menor 2020. El dictamen analiza y propone medidas de futuro ante el tremendo impacto de la pandemia sobre la infancia, causa del agravamiento de la pobreza, la violencia y la desigualdad entre los más pequeños.

Jesús Maeztu ha reclamado la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía. Esta demanda se recoge en el Informe del Menor 2020 que el Defensor ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento de Andalucía, en el que analiza y propone medidas con enfoque de futuro ante el impacto de la pandemia.

Durante el pasado año fueron 6.663 actuaciones en menores por parte de este comisionado parlamentario, único en el territorio nacional, de las cuales 2.941 se refieren a quejas y 3.722 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 2.228 expedientes de queja (+22,6%), de los cuales 2.195 fueron instados por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 713 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su parte, crecieron un 19%.

El Defensor del Menor ha señalado que la lucha contra la pobreza infantil supone uno de los principales retos de nuestra sociedad y ha recordado que se han aprobado diversas iniciativas que no acaban de proporcionar los efectos deseados. A juicio de Jesús Maeztu, “es necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias para evitar solapamientos pero, sobre todo, para no dejar a nadie fuera del sistema”. “Nunca antes las familias se habían empobrecido tanto, ni de manera tan rápida”, ha señalado.

El Defensor del Menor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la COVID-19 no afecten al ámbito de la infancia.