Perito de la Intervención dice que había riesgos de menoscabo
Juicio ERE
En el juicio de los ERE, tercera semana que declaran los peritos. Hoy, el jefe de peritos de la Intervención General del Estado, ha explicado que no puede afirmar si, con el sistema de ayudas empleado por la Junta, hubo menoscabo de fondos públicos; pero sí puede afirmar rotundamente que existió el riesgo. Y prueba de ello, ha dicho, son las irregularidades señaladas por la Intervención de la Junta. También ha reconocido que la Cámara de Cuentas no vio irregularidades.
El perito de la Intervención General del Estado (IGAE) Ángel Turrión ha alegado hoy que "con el cúmulo de irregularidades que manifiesta el interventor general de la Junta" al analizar los expedientes de ayudas de los ERE "obviamente el menoscabo es posible, no quiero decir que lo haya, pero riesgo hay".
Así ha respondido Turrión cuando el fiscal le ha interrogado sobre el riesgo de menoscabo de fondos públicos en las ayudas investigadas en el caso ERE, un riesgo que debiera haber obligado a la Intervención de la Junta -cuyo máximo responsable Manuel Gómez es uno de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación- a elaborar un informe de actuación que no se llegó a hacer pese a las deficiencias manifestadas en sucesivos informes.
La ausencia de ese informe de actuación que hubiera llevado a paralizar las ayudas es el argumento de varios ex altos cargos para defender que no hicieran nada, al señalar que la Intervención sólo alertó de deficiencias administrativas pero no de riesgo para las arcas públicas.
En la sesión de hoy, en la que ha continuado la prueba pericial conjunta, los expertos en Derecho Administrativo y Hacienda del Estado -cuyo informe es la prueba clave de la acusación- y los propuestos por varias defensas han vuelto a debatir sobre si las ayudas a los ERE son o no subvenciones y por tanto debían cumplir la Ley de Subvenciones que exige su fiscalización previa (omitida) o si se podía o no usar al ente público IFA (luego IDEA) como "caja pagadora".
También se ha debatido si el cambio de sistema en 2010 en el que la Consejería de Empleo dejó de usar las transferencias de financiación a IFA/IDEA para usar la encomienda de gestión supuso o no un cambio real, ya que según la IGAE se siguió "exactamente" el mismo procedimiento sin fiscalizar de forma previa el gasto, y en este caso "el interventor delegado de la Consejería de Empleo ha declarado que por error".
El fiscal ha instado a los peritos estatales a comparar ayudas pagadas con fondos propios de la Junta con las ayudas extraordinarias a prejubilaciones financiadas con fondos estatales y reguladas en una orden ministerial de 1994, para preguntarles si se exigían los mismos requisitos y había el mismo seguimiento y control, a lo que Turrión ha contestado que no.
Además ha señalado que el importe medio percibido por los trabajadores en ayudas financiadas por el Estado era de 36.139 euros y el concedido por la Junta "66.401, casi el doble".
