El Parlamento da luz verde a la reforma del reglamento que cuestionan los letrados

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles, con los apoyos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, la abstención de Vox y el rechazo de los diputados expulsados de la confluencia de Podemos e IU, la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara presentada por los cuatro grupos que la han apoyado y que persigue recoger el espíritu del 'Pacto por la estabilidad institucional, acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas', suscrito el pasado mes de noviembre a nivel nacional entre once fuerzas políticas.

La toma en consideración se ha sustanciado sin intervenciones de los grupos, de manera que se ha pasado directamente a la votación. No obstante, antes de proceder a la misma, la diputada no adscrita Teresa Rodríguez --expulsada del grupo Adelante Andalucía-- pidió la palabra a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quien le transmitió que no procedía darle la palabra.

Esto provocó la queja de Rodríguez, quien insistió en que quería trasladar unas consideraciones, como las relativas a que constara en acta que no se les ha notificado el rechazo de la Mesa del Parlamento al recurso de reconsideración que presentaron diputados no adscritos contra la decisión de dicho órgano de gobierno de la Cámara, adoptada en su sesión del pasado 27 de enero, de calificar de forma favorable y admitir a trámite dicha propuesta de reforma del Reglamento.

Bosquet le ha reiterado que no tenía la palabra, pero Rodríguez ha insistido en exponer sus consideraciones sobre este debate, planteando que el Reglamento permite que un diputado solicite la lectura de un documento, en este caso del informe jurídico emitido sobre la propuesta de reforma, que pone de manifiesto, según ha apuntado, que ésta es "inconstitucional". Bosquet le ha dicho que tenían ese informe ya a su disposición.

Ha llamado al orden hasta en dos ocasiones a Rodríguez, advirtiéndola incluso de una posible expulsión del salón de plenos si no terminaba con su alocución. "Señora Rodríguez, se acabó el debate, ya está", le ha dicho.

Tras sustanciarse la votación, diputados no adscritos que fueron expulsados de Adelante han expresado su protesta palmeando sobre la mesa de sus escaños y, acto seguido, han abandonado el salón plenario.

LOS LETRADOS CUESTIONAN LA REFORMA

Los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía cuestionan que la expulsión de los ocho diputados de Adelante Andalucía, entre ellos Teresa Rodríguez, se deba a criterios objetivos y expresan sus dudas constitucionales sobre algunos artículos de la reforma del Reglamento de la Cámara.

Así lo recoge el informe jurídico encargado por el letrado mayor del Parlamento, a petición de la presidenta, Marta Bosquet, sobre la reforma exprés del Reglamento de la Cámara, cuya tramitación ha sido aceptada este miércoles por la Cámara.

La reforma, que es apoyada por PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante, mientras Vox ha expresado sus dudas jurídicas, pretende adaptar el pacto antitransfuguismo del Congreso al Reglamento del Parlamento autonómico.

El informe jurídico de 16 páginas recomienda la "revisión detenida" de la reforma para "mejorar su estructura" y lograr una "mayor concreción" en la redacción y la utilización de los preceptos jurídicos.

Se trata -subraya- de "evitar desajustes entre los diferentes artículos que puedan generar dudas en su aplicación y prescindir del uso de expresiones que pueden generar confusión y falta de claridad".

Sobre la expulsión por transfuguismo de Teresa Rodríguez y siete diputados de Adelante, decidida por el Parlamento a petición de partidos como IU y Podemos, recuerda que el Tribunal Constitucional considera que no todos los casos de transfuguismo son iguales y que no todos pueden recibir el mismo tratamiento del legislador.

"No es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice con las mismas consecuencias el funcionamiento del grupo o que modifique la voluntad popular de las urnas", señala, citando la doctrina del Constitucional.

Alude a la inseguridad jurídica que genera la declaración de tránsfugas cuando "no es por criterios objetivos sino vinculados a la traición, un componente - acota- altamente subjetivo", por lo que avisa que puede "atentar" contra el principio de libertad de mandato y "vulnerar" un derecho fundamental consagrado en la Constitución

"El Tribunal Constitucional niega la existencia de una identificación entre grupos parlamentarios y los partidos y reconoce que la facultad de constituir grupos parlamentarios corresponde a los diputados", esgrime.

El informe sostiene que el deseo de revisar el Reglamento responde al actual estado de partidos, cuya incidencia en los órganos parlamentarios ha sido reconocido por el TC.

Además, llama la atención sobre el hecho que la reforma incluya una normativa interna de los grupos y que esta conste de autorización para constituir el grupo por parte del representante legal del sujeto político que presentó la candidatura, y pide que no se incluya.

"Con esa autorización los grupos dejarán de ser agrupaciones de diputados para convertirse en órganos de partidos, situación que origina dudas de su constitucionalidad", advierte.,

Los servicios jurídicos proponen "criterios claros y no confusos" sobre la supuesta sobrerepresentación de los diputados no adscritos.

El informe no es vinculante y la reforma será tramitada como una proposición de ley y pasará a la comisión de Reglamento, donde los grupos y los diputados no adscritos podrán presentar enmiendas.

Durante el pleno Teresa Rodríguez pidió la palabra para pedir que conste en acta el recurso de reconsideración presentado contra la reforma, pero tras un tira y afloja con la presidenta Marta Bosquet, esta le dijo que "se había acabado el debate".

Rodríguez y los siete diputados no adscritos creen que la reforma es "inconstitucional, una aberración jurídica y democrática", y hecha "a medida" para avalar su expulsión del grupo de Adelanten, por lo que la recurrirán al Constitucional si es aprobada definitivamente.