El Parlamento convalida el decreto ley de la Junta que regula los VTC

El Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto ley de la Junta que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para que puedan seguir operando en las ciudades, una normativa que ha contado con el único apoyo del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, expulsó a dos de los representantes de los taxistas por increpar a la consejera durante el debate.

Este decreto, que ha conllevado protestas del sector del taxi, entró en vigor el 1 de octubre y permite que se mantengan como hasta ahora las autorizaciones que concede el Estado para los VTC: las nuevas licencias sólo se concederán cuando sean de un VTC por cada 30 taxis, cuando ahora la ratio en Andalucía es 2,7.

La normativa fija zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha defendido este jueves la negociación y el acuerdo con las partes para esta norma, y ha asegurado que los requisitos establecidos "no dañan al sector del taxi, que se va a ver reforzado y asegurado".

Ha recordado que la mano alzada y la parada "siguen siendo dominio y práctica exclusiva" del taxi: "Así ha sido siempre y así va a seguir siendo", ha dicho Carazo.

Ha subrayado el "sello andaluz" de la norma, diferente a la de la Comunidad de Madrid o Cataluña, siguiendo las recomendaciones del Estado en materia jurídica pero atendiendo a las circunstancias particulares de Andalucía.

El debate ha contado con la presencia de representantes del sector del taxi en el salón de plenos, de los que dos han sido expulsados por protestar con gritos cuando intervenía la consejera.

Entre sus medidas, el decreto también prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.

Además, los VTC tendrán que aportar más información al registro y tendrán que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas.

El decreto establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad.

Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda), y se aplicará el régimen sancionador del Estado, con potestad de los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. La socialista Isabel Ambrosio ha denunciado la falta de diálogo y de transparencia por parte de la Junta y ha considerado que es "una muestra más de la incapacidad y soberbia política" del actual Gobierno andaluz.

Ha calificado como un "despropósito legal" el texto porque incumple nueve artículos de cinco normas básicas, entre ellas la Constitución y el Estatuto.

El diputado de Vox Ricardo López ha dicho que se trata de "un decretazo" que es "diametralmente opuesto" al de la Comunidad de Madrid y que se acerca a la norma de Ada Colau en Barcelona, por lo que ha lamentado que el PP está "cada vez más a la izquierda".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado el "daño" que se hace al sector con este decreto, ha reclamado acuerdo político antes de que entre en la vía judicial y ha acusado al Ejecutivo de "echar a pelear" trabajadores contra trabajadores.

Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, ha acusado a Carazo de ser "la consejera de Uber y Cabify" y de trabajar para empresas "con sedes en paraísos fiscales".