El Parlamento convalida el cuarto decreto de sequía pero no logra acordar una declaración sobre el conflicto agrario

El Partido Popular se ha quedado sólo este miércoles en su intento de aprobar una declaración institucional -que requiere unanimidad de todos los grupos- en defensa del sector agrario, ya que ningún partido de la oposición ha respaldado la propuesta popular que el PSOE ha criticado calificándola de “lavado de cara” al presidente de la Junta.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Marín, ha defendido que se trata de un texto con "una redacción blanca" y que estaba abierto a modificaciones, por lo que considera que el PSOE-A "enseña la patita" como uno de los partidos que ha decidido "demonizar a los agricultores en Andalucía" y situarse "enfrente del campo andaluz".

En el texto de la declaración propuesta por el PP y que no ha logrado el apoyo unánime de los grupos, se defiende la importancia del sector agrario en Andalucía y se subraya, por ejemplo, el "apoyo y compromiso" del Ejecutivo andaluz con diferentes líneas de ayudas, o se pide que sean atendidas las alegaciones de la Junta a la PAC, entre otros aspectos.

Además, se expone la necesidad de que las políticas ganaderas, agrarias y pesqueras se traten como un asunto de Estado, que exista el compromiso de todas las administraciones para su viabilidad, y que haya un diálogo permanente entre el Gobierno y la Junta para reclamar en Europa más financiación en la PAC y más acceso a mecanismos excepcionales. El texto también pretendía que el Parlamento se posicionara a favor de las reclamaciones del sector para que se flexibilice y simplifique el plan estratégico de la PAC diseñado por el Gobierno central.

Lo que sí se ha aprobado en el primer pleno de este año 2024 es el cuarto decreto contra la sequía que el Gobierno andaluz ha llevado al Parlamento. Dotado con 217,8 millones de euros, el texto ha sido convalidado por la cámara. Permitirá impulsar obras para poner en circulación 81 hm3 más de consumo de agua para la población y los sectores productivos, medidas muy cuestionadas por toda la oposición. El decreto ha contado con el apoyo del PP, PSOE y Vox, el rechazo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía y la abstención de Por Andalucía.

La medidas se centran en actuaciones como la recuperación de sondeos, la desalación y el incremento de las aguas regeneradas, actuaciones de urgencia que la Junta prevé concluir antes del próximo verano y que abren una vía de colaboración con los municipios.

Asimismo, se incluyen ayudas dotadas con 50 millones para la recuperación de los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía.

La Junta estima que serán inevitables las restricciones de agua este verano en las grandes ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga y Córdoba, si no llueve durante 30 días consecutivos y ha estrechado la colaboración con el Gobierno central para afrontar el problema.

A la vez negocia con la Región de Murcia para traer agua en barco a la comunidad, si es necesario, del excedente de la desaladora de Escombreras, en Cartagena.  

El debate estuvo marcado por las protestas de los agricultores, a las que se refirieron todos los intervinientes en una pugna por hacer ver quién apoya más al sector primario. Con este asunto inició su discurso la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que pidió a todos los grupos su apoyo "sin fisuras" a las reivindicaciones de los agricultores.

Crespo ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno lleva cinco años luchando contra la sequía tras décadas sin ninguna actuación de los gobiernos socialistas: "Cero medidas frente a cuatro decretos sequía", ha enfatizado. 

De la política hídrica del Gobierno andaluz, la consejera ha destacado las 1.097 obras tangibles en la comunidad y los 517 millones destinados para hacer frente a la sequía y ha advertido de que en la que tiene pendiente el Estado en Andalucía "no debe primar" el factor ideológico.

"Son 33 obras de interés del Estado pendientes que seguiremos reclamando porque si estuvieran hechas no estaríamos en la actual situación", ha sostenido.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La socialista Ana Romero ha denunciado la "ineficacia e inoperancia" de la Junta y ha augurado que el cuarto decreto caerá en "barbecho" con los anteriores bien por "no ser útiles" o por la "falta" de ejecución presupuestaria.

El diputado de Vox, Alejandro Hernández, ha cuestionado que la Junta ponga el foco del decreto en el consumo humano, ha considerado insuficiente la dotación económica destinada a la sequía y ha esgrimido que la solución pasa por la solidaridad interterritorial con el excedente de agua.

Para Por Andalucía, el decreto contiene algunas medidas positivas como la limitación de la tierra de regadíos, pero ha considerado que es "absolutamente insuficiente" para afrontar la sequía, según ha afirmado el diputado José Antonio Delgado.

Maribel Mora, diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, ha denunciado el "gran fracaso" de la Junta en los cuatro decretos de sequía por su "falta" de previsión y por "no controlar" la demanda de los recursos hídricos.

PACTO POR LA SANIDAD

En el primer pleno del año el Parlamento también ha debatido sobre la situación de la sanidad Pública. La consejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que Andalucía no ha vivido un "colapso" en urgencias durante el periodo navideño, con una "tensión" habitual en época de alta frecuentación, pero ha tenido que hacer frente de nuevo a la petición de dimisión por parte de la oposición, según ha explicado.

La consejera ha vuelto a pedir disculpas a las personas que se han encontrado con "algún problema" en la atención sanitaria y ha garantizado que "en breve espacio de tiempo" conseguirán "revertir" la situación y recuperar "la normalidad", aunque siempre teniendo en cuenta que "ha aumentado la demanda".

Salud seguirá trabajando para conseguir que a final de 2024 no haya ningún andaluz fuera de los decretos de garantía para su atención sanitaria, ha dicho García.

Catalina García ha vuelto a reclamar al Gobierno un pacto nacional por la sanidad y que llegue a Andalucía la compensación por su "infrafinanciación", que aumentaría el gasto en sanidad.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

Los partidos de izquierda han vuelto a pedir a la consejera que dimita por su gestión de la sanidad pública, una reclamación que se ha vuelto recurrente cada vez que interviene en el Parlamento.

La socialista María Ángeles Prieto ha dicho que la población "se agolpa" en urgencias, en los pasillos y con "pacientes en el suelo"; ha denunciado que se han cerrado "cientos" de centros de salud por las tardes; que las citas en Atención Primaria no bajan de la semana; y que hay un millón de personas en listas de espera. Un "caos" y "un destrozo" en el que ha dimitido la cúpula de Salud por la "incompetencia" y la gestión "desastrosa" de la consejera, ha considerado.

El PSOE, al igual que Por Andalucía o Adelante, han reclamado sin éxito a la consejera que diera más información sobre la renovación de los 7.000 'contratos covid' y por qué se les ha "mentido".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido de que, a pesar de las recientes dimisiones o ceses, "cuando un equipo no funciona la gente mira a la entrenadora y, si la entrenadora no se mueve, se empieza a mirar a la Presidencia".

La diputada de Adelante Maribel Mora ha cuestionado si la consejera no cree que este "caos" sea su responsabilidad y ha opinado que lo que quedará para la historia es que con el presupuesto más alto ha tenido "las listas de espera más grandes".

Por parte de Vox, el diputado Rafael Segovia ha resaltado el "fracaso" de la consulta de acogida, el mal funcionamiento de la atención primaria y hospitalaria, y el aumento de andaluces con seguro privado como claro indicador de la mala gestión de la sanidad pública.