Oposición y Gobierno se enfrentan por la prórroga de contratos extraordinarios de sanidad

La oposición ha acusado a la Junta de haber utilizado contratos extraordinarios por el covid para prorrogar conciertos con la sanidad privada por valor de 117 millones de euros. 

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha calificado este martes como "presunto caso de corrupción" que la Junta de Andalucía siguiera recurriendo a una normativa derogada para hacer contratos con las mismas premisas que estuvieron vigentes para afrontar la pandemia de coronavirus, por lo que ha reclamado que "esto se tiene que aclarar" en alusión a "dar a dedo a clínicas privadas 117 millones, fuera del amparo legal" y advertir que "con el dinero público no se juega". Valero ha afirmado que "tomaremos las vías que sean necesarias", la primera de las cuales ha sido reclamar "todos los expedientes de los contratos a dedo que ha hecho Salud con clínicas privadas fuera del amparo legal del decreto de pandemia".

También los socialistas creen que se han dado "a dedo", sin "control y sin transparencia" estos contratos y se plantean llevarlos a los tribunales. El coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha denunciado que el Gobierno andaluz lleva "dos años adjudicando a dedo, sin control, por un procedimiento de emergencia Covid, lo que es un desvío masivo en fraude de ley de fondos públicos a la sanidad privada, que estamos investigando al máximo y pediremos explicaciones en el Parlamento y responsabilidades".

La consejera de Salud, Catalina García, ha pedido comparecer en el parlamento para explicar estos contratos que se han utilizado, asegura, para emergencias sobre todo, oncológicas. Y ha insistido en que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. García asegura que "hemos publicado en el portal de transparencia el cien por cien contratos de emergencia". Algo que ha contrapuesto a la anterior administración socialista que "solo publicaban entre el 10 y el 15% de los contratos de emergencia".

ADJUDICACIONES SIN RESPALDO LEGAL, SEGÚN ELDIARIO.ES

La polémica surge tras publicarse una información de elDiario.es según la cual entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Gobierno andaluz adjudicó "a dedo" -sin publicidad ni concurrencia competitiva- 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Al menos 117 millones de euros del gasto global (el 49,8 %) fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado, asegura este medio.

LA JUNTA CAMBIARÁ EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El Gobierno andaluz ha defendido este martes la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el ámbito sanitario desde el inicio de la pandemia y ha anunciado que trabajan en un nuevo sistema centralizado de contratación desde junio -cuando finaliza la última prórroga- para ganar en transparencia.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el SAS, ya que cuentan con los informes jurídicos y de la intervención favorables, así como la "fiscalización oportuna" de la Cámara de Cuentas.

Ha argumentado que el objetivo siempre ha sido "salvar vidas" y que todavía el SAS está pagando "las consecuencias" de la covid-19.

Además, ha garantizado que no se ha producido "discrecionalidad" alguna en las contrataciones de emergencia, cuyo decreto ha tenido prórrogas hasta junio de 2023 a pesar de la disminución de la covid-19.

El SAS está "centrado en normalizar esa situación" y por eso trabaja, en el "horizonte de junio", para tener u nuevo sistema de contratación centralizada que permita "optimizar los recursos de todos", ha explicado el portavoz.

Ese sistema centralizará todas las contrataciones de bienes y servicios, que hasta ahora se estaban haciendo a través de los hospitales y centros de cada provincia, para así tener "una economía de escala" y apurar "hasta el último céntimo".

El objetivo de la Junta es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia por la covid-19, aunque el portavoz ha manifestado que la máxima que siempre persigue el SAS es "la de salvar vidas".

El Ejecutivo andaluz ha recalcado en varias ocasiones que no actúa con discrecionalidad en las contrataciones de emergencia, ya que "todas" están hechas "de acuerdo a la ley" de contratos, con el "aval" del gabinete jurídico, "fiscalizadas" por la intervención de la Junta y, las que han sido requeridas ya, por la Cámara de Cuentas.

"Este gobierno no hace adjudicaciones a dedo, no tiene nada que ocultar", ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha aludido a las contrataciones necesarias en el marco de la pandemia y de sus "consecuencias" posteriores.

Ha insistido en que "todo ha sido absolutamente legal" y ha resaltado, por ejemplo, que en 2021 las contrataciones de emergencia fueron el 20 % de las intervenciones quirúrgicas, y en 2022 bajaron al 13,7 %.

El portavoz ha señalado que se trata de "emergencias justificadas a nivel técnico", no político, ya que los consejeros no están "para decir lo que es legal o no" y "para eso existe el gabinete jurídico y la intervención".