El magistrado Ricardo Puyol necesitará una segunda votación para dirigir la Oficina contra la Corrupción
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Único candidato, propuesto por CS, no ha logrado el apoyo de PSOE y los no adscritos. Es magistrado de carrera desde 2001 y ha efectuado esta labor en las provincias de Almería, Málaga y Granada.
El magistrado granadino Ricardo Puyol, candidato a dirigir la nueva Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, no ha resultado elegido en la primera votación celebrada este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz al no conseguir los tres quintos de la Cámara necesarios para su designación.
La votación ha tenido como resultado 58 votos favorables, 42 abstenciones - del PSOE y diputados no adscritos- y un voto nulo, por lo que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha anunciado que se celebrará una nueva votación el próximo 14 de octubre, en la que Puyol necesitaría mayoría absoluta para ser elegido.
Al inicio del pleno se ha llevado a cabo la votación en urna, después de que Puyol compareciera esta mañana ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz, cuyos miembros han valorado su idoneidad para representar el cargo, con un mandato de cinco años improrrogable.
Puyol, cuya candidatura fue propuesta por Ciudadanos, es magistrado de carrera desde 2001 y ha efectuado esta labor en las provincias de Almería, Málaga y Granada.
El magistrado se ha enfrentado, a lo largo de su trayectoria profesional, a casos de corrupción política y administrativa cuando ejerció en Marbella (Málaga) en coincidencia con el periodo en que afloraron los principales casos que afectaron a ese ayuntamiento.
La creación de la oficina que va a dirigir ahora estaba prevista en la ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, y estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno.
El nuevo órgano tendrá competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas.
Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas.
Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.
