La Ley de Economía Circular busca acabar con la cultura de usar y tirar

La cultura de usar y tirar ya no es viable. El Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles la enmienda a la totalidad de Vox al proyecto de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), iniciativa apoyada por el resto de grupos y que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier proceso además de favorecer el desarrollo económico y generar empleo, buscando reconvertir en recursos los residuos.

La norma busca la "triple sostenibilidad" ambiental, económica y social, y pretende una revolución circular al convertir los residuos en recursos. Vox ha sido el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad El PP considera esta ley como una herramienta más y Por Andalucía y PSOE cren que tiene indefiniciones y carencias, que esperan mejorar durante la tramitación parlamentaria

La LECA sigue las directrices de la Comisión Europea y está alineada con la agenda 2030 de naciones Unidas. El proyecto de ley, que seguirá a partir de hoy su tramitación parlamentaria, es una propuesta desarrollada en la anterior legislatura y que pretende regular y sentar las bases de un modelo para alargar la vida útil de productos y servicios y extraer menos materia prima de la naturaleza para proteger el medio ambiente y la población actual y futura.

A dicha norma, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de septiembre y que consta de 87 artículos, se presentó una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución por parte del grupo de Vox, en la que se decía que la norma no ha modificado "ni una coma" la normativa que ya presentó el Gobierno en la pasada legislatura.

El diputado de este partido Javier Cortés, que ha aclarado que su formación siempre está comprometida con el medio ambiente, ha precisado que lo que no comparte es "el fanatismo" y ha dicho que el proyecto de ley fomenta la pérdida de soberanía legislativa de España frente a la legislación europea.

El proyecto de ley presentado "no es una solución real a los problemas reales", según el parlamentario de Vox, quien ha asegurado que la norma no es más que "una carta de intenciones" que carece de transparencia y que cuando habla de los logros económicos "solo se trata de una utopía confiscatoria".

Ha lamentado que esta norma esté ligada a la denominada Agenda 2030, algo que, para Vox, solo recoge "palabras bonitas" detrás de las cuales "no hay nada" y que perjudica al sector agrario.

En su intervención, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado la norma de "pionera" porque busca la disminución del impacto medioambiental de cualquier proceso al tiempo que favorece el desarrollo económico y genera empleo, buscando reconvertir en recursos los residuos.

Ha hablado de la ley de la triple sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social, y el apoyo en tres ejes, como son la administración, como fuerza impulsora y reguladora; la empresa, como vertebradora del cambio, y la propia sociedad, al tiempo que ha animado a los grupos a mejorar el texto en el trámite de comisión.

La ley ofrecerá instrumentos de planificación en el ámbito local para que los municipios elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de gestión de residuos, y facilitará la contratación pública ecológica, primando la introducción de criterios ambientales en la contratación por parte de administraciones públicas, de modo que las empresas busquen recursos a partir de residuos y surjan nuevas empresas capaces, a su vez, de poner en el mercado esos subproductos.

Igualmente, llevará aparejada la constitución del Centro de Innovación Digital como un espacio en el que interconectar instituciones públicas y empresas privadas para dar impulso, entre todos, a la investigación, la innovación y las prácticas relacionadas con la economía circular.

El proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía ya tuvo su debate a la totalidad durante la pasada legislatura, concretamente en el mes de febrero, cuando Vox presentó también una enmienda a la totalidad, y cuyo debate salió adelante gracias al apoyo del resto de los grupos de la Cámara, aunque finalmente la norma no se aprobó debido a la disolución de la Cámara y la celebración de las elecciones autonómicas.