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La Junta, condenada a indemnizar a una familia de Granada por el retraso en tramitar la dependencia
juzgado de lo contencioso
El proceso se demoró 26 meses más de lo establecido y la anciana beneficiaria murió sin que sus hijas recibieran la ayuda para cuidarla.
La sentencia, que deja en manos de la administración andaluza la cuantía de la compensación, abre la puerta a que más afectados por los retrasos denuncien.
Un juzgado de Granada ha obligado a la Junta de Andalucía a indemnizar a una familia a la que se le tramitó la ayuda a la dependencia con 26 meses de retraso. La sentencia es firme y abre la puerta a que otras muchas familias afectadas puedan denunciar casos similares. La propia administración autonómica tendrá que señalar con cuánto dinero compensa a los afectados.
La sentencia es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada y obliga ahora a la Junta a fijar una indemnización para la familia de la anciana que recibió la ayuda aprobada de la dependencia con más de dos años de retraso.
En ese plazo la mujer murió, después de haberse superado en 20 meses la espera máxima establecida. La sentencia considera que la familia afectada tiene derecho a una indemnización y deja sin validez la propia resolución de la Junta que les negó esa compensación.
La titular del juzgado encargado de la causa apunta en su sentencia que el retraso en gestionar la ayuda supone "dilaciones indebidas que no imputables" a la afectada y ha recalcado que las reclamaciones coincidieron, además, con el periodo covid, circunstancia que no tuvo en cuenta la Junta en sus cálculos.
La familia les pidió inicialmente 9.000 euros, pero la sentencia obliga ahora a la Junta a entrar en el fondo de la cuestión y fijar con cuánto dinero indemniza a las afectadas por esa demora.
Contra esta sentencia no cabe recurso. La causa judicial se remonta a junio de 2020 cuando, en un contexto de covid y con sus restricciones, dos hermanas solicitaron a la Junta una indemnización por tramitar con 26 meses de retraso la ayuda a la dependencia de su madre.
La familia afectada había solicitado en octubre de 2017 una prestación económica del Programa de Atención Individual para que una de las dos hijas se encargara de cuidar a su madre.
La Junta respondió a esa petición 32 meses después, con 26 de retraso, aprobando dicha prestación económica, por lo que las afectadas interpusieron la reclamación patrimonial.
El Gobierno andaluz reconoció entonces que se había excedido el plazo máximo de seis meses para gestionar la Dependencia, pero negó la opción de recibir una indemnización porque las dos afectadas habían solicitado la compensación un día fuera de plazo.
Las dos hijas de la beneficiaria, que murió durante el proceso judicial, pusieron la causa en manos de un despacho de abogados, que recurrió ese dictamen en el que la Junta les negó su indemnización por haberla pedido un día tarde.
