La Junta presenta ante el TC el recurso contra el impuesto de grandes fortunas que "ataca a Andalucía"

El Gobierno andaluz ha presentado este viernes ante Tribunal Constitucional un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. Ha pedido que se suspenda de forma cautelar, ya que entiende que invalida la supresión del impuesto de patrimonio y que atenta contra su autonomía fiscal. El recurso de inconstitucionalidad se basa en un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía. Entiende el Gobierno Andaluz que el impuesto a las grandes fortuna es una respuesta a la eliminación del impuesto de patrimonio, como ha expresado la consejera de Economía, Carolina España. La ministra María Jesús Montero critica que para el Gobierno andaluz "la defensa de los más ricos de la Comunidad se convierte en la defensa de Andalucía".

El recurso de la Junta recoge que el nuevo impuesto "constituye un ataque al orden constitucional de una gravedad extrema", por lo que pide el ejercicio del Tribunal Constitucional. El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas. La Junta pide que se declare la inconstitucionalidad del tributo y su consiguiente nulidad, pero mientras se decide, solicita su suspensión cautelar para evitar "perjuicios irreparables".

En su argumentación, expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tras una actuación del Estado que "prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías" constitucionales para alterar un tributo cedido.

El recurso argumenta que se crea "de manera artificiosa" un impuesto que coincide "en sus elementos esenciales" con el Impuesto de Patrimonio, por lo que "vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado" y lo diseña "de manera que se vacíen de contenido las competencias normativas" de quienes lo hayan bonificado.

Además, "hace de peor condición" a las comunidades de régimen común respecto al País Vasco y Navarra, ya que con ellas se pactará en comisión mixta la adaptación al nuevo impuesto.

La Junta defiende que el impuesto a las grandes fortunas "supone en lo esencial un Impuesto sobre el Patrimonio bis" con el que el Estado "vuelve a ocupar un hecho imponible ya gravado por él mismo" con el Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, "vacía y deja sin contenido" las competencias normativas atribuidas a la comunidad andaluza sobre el Impuesto de Patrimonio, por lo que "vulnera" su autonomía financiera y política al modificar "de manera fraudulenta" y sin seguir el procedimiento constitucional establecido para la cesión del referido impuesto.

Respecto al segundo argumento principal, el de la tramitación parlamentaria, reseña que se ha tramitado indebidamente mediante una enmienda a una proposición de ley, lo que ha impedido que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.

La Junta considera que se ha producido "fraude de ley" y que se utiliza el derecho de enmienda de los parlamentarios para "soslayar" el procedimiento establecido en el bloque de constitucionalidad "y conseguir tener cuarenta días más tarde neutralizadas y vacías de contenido las competencias normativas de las comunidades". El Gobierno andaluz está convencido de que el Estado, a través del Legislativo, "ha actuado de mala fe" en el procedimiento.

El procedimiento para su aprobación, con una "enmienda tardía" a una proposición de ley "que nada tiene que ver" con el sistema de financiación ni con "la aducida finalidad armonizadora", provoca que "se sustrae a las minorías parlamentarias la posibilidad de formular a su vez enmiendas al texto", según la Junta.

En este sentido, entiende que el procedimiento no sólo vulnera la Constitución, sino que constituye una conducta del legislador "en claro fraude de ley" que es "contraria a los principios de seguridad jurídica", la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y la lealtad constitucional.

También argumenta en el recurso la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el "imprevisible y no justificado cambio normativo" dejó "sin posibilidades reales de reacción a los ciudadanos destinatarios del impuesto.

MONTERO, EN MÁLAGA: "ES DEFENDER A LA MAYORÍA SOCIAL"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "defender Andalucía es defender a la mayoría social de este país que es por lo que trabaja este Gobierno" de España y ha insistido en que "la defensa de Andalucía es la defensa de la mayoría de los andaluces, no de una minoría privilegiada".

"Desgraciadamente para el presidente Moreno Bonilla, la defensa de los más ricos de la Comunidad Autónoma, el 0,2 por ciento, se convierte en la defensa de Andalucía", ha criticado Montero en Mijas (Málaga), tras ser cuestionada por los periodistas después de que la Junta haya presentado este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra el nuevo impuesto estatal de Solidaridad para grandes fortunas.

A su juicio, "no sabe nada el señor Moreno Bonilla de lo que es ser andaluz", lamentando que "lo que se haga es un regalo fiscal de más de 6.000 euros a personas que tienen 2,5 millones de patrimonio en término medio". En este punto, se ha preguntado "cuántas personas de estas características están aquí, conocemos o están alrededor de los pueblos o ciudades".