La Junta permitirá que los ayuntamientos regularicen las viviendas turísticas

El Parlamento ha conocido este miércoles el decreto que prepara el Gobierno andaluz sobre viviendas turísticas y que modifica la norma de 2016 sobre este tipo de actividad. El borrador del decreto que prepara la Junta, que está ahora en fase de alegaciones en información pública, habilita a los ayuntamientos para que puedan "limitar o potenciar" el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o sector. Con esta norma, los ayuntamientos podrán limitar o potenciar estas viviendas, incluso por sectores o edificios, teniendo en cuenta no agravar la falta de oferta de inmuebles para habitar. La norma contempla también que los vecinos, por una mayoría de 3/5, podrán vetar las viviendas turísticas en sus edificios.

El consejero Arturo Bernal, que explicó ante la Cámara andaluza el borrador de este decreto, dijo que su objetivo es dotar de calidad al sector dentro de una convivencia oportuna con los vecinos. La oposición considera que la Junta ha trasladado el problema a los ayuntamientos.

La Junta les dará a los ayuntamientos "las herramientas" para ello y siempre deberá atender a "razones imperiosas de interés general" que deben ser "proporcionadas", según ha explicado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en una comparecencia en el pleno del Parlamento. El dirigente andaluz ha explicado que no se le delegan las competencias, sino que se les "habilita" para que puedan usar las que son propias de la Junta.

También podrán prohibir las viviendas las comunidades de propietarios, de acuerdo a la ley horizontal de la propiedad, cuando haya una mayoría de 3/5 de los propietarios con la misma proporción de representatividad. Esa prohibición no podrá tener efecto retroactivo si las viviendas están regladas antes en el registro turístico.

Además, para una "profesionalización de la gestión" aparece la figura de la empresa gestora o explotadora, para que haya un responsable físico o jurídico ante el turista, la comunidad o la Administración.

Bernal ha justificado el procedimiento utilizado, una modificación de un decreto existente, en un ejercicio "de eficiencia administrativa y de eficacia", para que la norma esté en aplicación lo antes posible, ya que una ley habría tardado más de un año.

La socialista Isabel Aguilera ha criticado que este futuro decreto "ni regula, ni planifica, ni ordena" la proliferación de viviendas turística, ya que no tiene "ni chicha ni limoná", sólo "unas pocas mejoras" en los estándares de calidad.

Ha añadido que el Gobierno andaluz "vuelve a escurrir el bulto" y se pone "de perfil" para "embarcar la pelota en el tejado de los ayuntamientos", a los que no se ofrece colaboración, ni un diagnóstico, ni recomendaciones ni ratios, por ejemplo.

El diputado de Vox Ricardo López ha dicho que le recuerda al conflicto de los VTC y los taxis, donde "también lanzaron el muerto a los ayuntamientos" y ahora "el Gobierno de Moreno se vuelve a lavar las manos" para que lo gestionen las entidades locales.

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha criticado que la futura normativa sólo atienda al aspecto turístico, olvidando la vivienda, y ha opinado que consolida "un modelo de descontrol" que está expulsando a los vecinos de zonas como los cascos históricos y las cercanas a la playa.