La Junta empezará a abonar los 1.109 millones de ayudas del Gobierno a finales de julio

La Junta prevé empezar a pagar a finales de julio o principios de agosto los 1.109 millones de las ayudas del Gobierno para sectores afectados por la pandemia asignadas a Andalucía y ha diseñado un procedimiento para simplificar y agilizar la gestión que el Gobierno "ha descargado en las comunidades autónomas" con el "gran reto de pagarlo en seis meses".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha informado de que el Gobierno ha diseñado estas ayudas de 7.000 millones para toda España "de espaldas a las comunidades y con el grave riesgo de absorción de estos fondos e inseguridad jurídica".

Ha explicado que el Ejecutivo central establece en su decreto un plazo de seis meses para abonar las ayudas y, si no, hay que devolverlas", y ha advertido de que la gestión es muy complicada porque hay que controlar "millones de facturas y justificantes" y hay "riesgo de bloqueo en los órganos rectores" que se encargarán de esta tarea.

A pesar del "reto" de gestionar ese dinero en tan poco tiempo -las resoluciones deben estar realizadas antes del 31 de diciembre, pero el pago se puede hacer al inicio de 2022-, la consejera ha avanzado que intentarán que se reparta todo lo que corresponde a Andalucía, aunque ha avisado de que el "encorsetamiento de los requisitos para acceder a las ayudas puede dar lugar a que no haya muchas solicitudes porque la mayoría del tejido productivo son pymes y micropymes, que contarían con una tarifa plana de de 3.000 euros".

Además, ha criticado que los requisitos "podrían incitar a las empresas a no pagar deudas para recibir las ayudas", ya que se prima a las que tenga deudas con los proveedores.

Ha asegurado que no es un problema "político sino técnico", que lo tienen la mayoría de las comunidades autónomas y, de hecho, ha señalado que la comunidad valenciana han estado en la misma sintonía para "mejorar la norma" con un escrito dirigido a los ministerios competentes del decreto ley.

Para hacer frente a ello, la Consejería de Empleo ha diseñado un procedimiento lo "más ágil posible" en las fases de solicitudes y un "procesamiento inteligente de los documentos" para agilizar el cruce de las facturas y los justificantes de pago que tienen que presentar las empresas y autónomos, con el que prevé la validación automática del setenta por ciento de los documentos.

La tramitación de las ayudas contará con una fase previa de "preevaluación", por la que se comprobará "con carácter preceptivo" si las empresas y autónomos que quieren solicitar estas subvenciones cumplen con los requisitos exigidos, y posteriormente, tras recibir la comunicación la respuesta facilitada por la AEAT, podrán formular la solicitud del procedimiento de concesión de la subvención a la Junta de Andalucía.

Esta regulación se incluye en un decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno en el que se recogen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de una línea de subvenciones del Gobierno central dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generado durante la pandemia.

Las subvenciones se dirigen a empresas y autónomos encuadrados en una relación de actividades económicas (CNAE) que, entre otras condiciones a cumplir, no hayan declarado pérdidas en 2019 y sus operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019.

Se trata de ayudas con carácter finalista, es decir que deben ser justificadas por el beneficiario, y deberán aplicarse para satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, y que aún no hayan sido satisfechos a día hoy, es decir, que se vayan a pagar a partir del 1 de junio de 2021.

La cuantía potencial a percibir, calculada como exceso de la caída del 30% en las operaciones de IVA, oscila entre 3.000 y 200.000 euros, y el importe subvencionado se calculará en función de la caída de su facturación y número de trabajadores de la empresa (más o menos de 10).

Los solicitantes han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda, y no encontrarse en concurso de acreedores, y tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022.

AYUDAS A FERIANTES

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes ayudas directas de 2.400 euros para autónomos del sector de los feriantes con un presupuesto total de 13 millones con el que se prevé beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha explicado que esta ayuda a los feriantes, un sector muy golpeado por la crisis derivada de la pandemia al suspenderse las ferias, responde al acuerdo del gobierno andaluz con Vox, partido que promovió esta iniciativa.

La ayuda podrán solicitarla todos los trabajadores autónomos vinculados al sector de los feriantes que hayan estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante un mínimo de 150 días durante el año 2019, anterior a la pandemia, y no hayan estado dados de alta más de 150 días desde que se declaró el estado de alarma en 2020.