La Junta apuesta por el diálogo para que Andalucía reciba 1.350 millones del Estado

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reclamado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha retomado su actividad, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para que entre todos podamos buscar una solución pensando en los ciudadanos" y en ese sentido ha vuelto a exigir los 1.350 millones de la actualización de las entregas a cuenta del ejercicio 2019, por lo que ha alegado que "un 70% son para políticas sociales" y ha asegurado que "no se plantea, no lo barajamos" que no lleguen esos 1.350 millones porque "es nuestro".

Bravo, cuando se la ha cuestionado por el uso de la vía judicial como ha hecho la Generalitat de Cataluña con el anuncio de interposición de un recurso contencioso-administrativo por la no actualización de las entregas a cuentas, ha señalado que "otros acuden directamente a la vía judicial; nosotros, no" y ha afirmado que "no descartamos ninguna vía porque no descartamos que no nos vayan a pagar el dinero".

El consejero de Hacienda ha desglosado la reclamación que hace la Junta de Andalucía al Gobierno sobre la llegada de 1.350 millones del presente ejercicio: 837 millones pertenecen a las propias entregas a cuenta por participación en los ingresos del Estado y los 513 millones restantes de la liquidación del IVA, operación que el Gobierno andaluz está describiendo como "el mes 13 del IVA".

Bravo ha reprochado que el Gobierno decidiera "no actualizar las entregas a cuenta como debió haber hecho cuando se encontraba en plenas capacidades antes de convocar las elecciones" y ha detallado que de los ingresos no financieros de Andalucía, que son 31.000 millones de euros, 19.223 millones corresponden a entregas a cuenta, "una cantidad inferior a la que nos comunicó en julio de 2018, que fueron 19.230 millones". Y ha indicado, sobre los pagos a cuenta, que "el Impuesto de Hidrocarburos es 100% nuestro, algo más de 200 millones".

"Hasta la convocatoria de las elecciones pudieron hacer la actualización de los pagos y se decidió no hacer", ha sostenido el consejero de Hacienda sobre los problemas jurídicos que alega la ministra María Jesús Montero acerca de las limitaciones de un Gobierno en funciones para el uso del decreto-ley como fórmula para actualizar las entregas a cuenta de la financiación, y que dice apoyarse para ello en el criterio de la Abogacía del Estado.

Bravo ha indicado que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera se puede acordar por la solicitud de un tercio de los consejeros autonómicos o por la convocatoria de oficio de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

"Nosotros abrimos el debate", ha apuntado Bravo, quien ha insistido en "la voluntad de consenso y diálogo, por eso pedimos el Consejo de Política Fiscal". "Ahí nos reunimos todos y el sitio utilizado para debatir cuestiones de esta materia", ha sostenido Bravo.

El consejero de Hacienda ha contado que "cuando lees el informe de la Abogacía del Estado ves que se puede utilizar la vía del decreto-ley" y ha descrito que en ese documento aparecen criterios como que "se pueda utilizar por la vía de urgencia; que no comprometa ejercicios futuros; que no sea discrecional".

Después de enumerar la negativa del Gobierno a comparecer en el Congreso y en el Senado para debatir el problema de la financiación, y de considerar que "existen vías para encontrar la solución", ha proclamado, en referencia a la ministra Montero, "que se ha convertido en el problema de las comunidades autónomas, de la financiación y del Estado del bienestar".

Mientras, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirma que no entiende que las comunidades se dirijan a los juzgados ya que el criterio de la financiación autonómica lo marca la Abogacía del Estado. Montero insiste en que sin un gobierno no se puede dar luz verde a la financiación de las comunidades.