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La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación convocará en 2024 programas de incentivos por valor de 78 millones de euros para promover la formación y la carrera del talento investigador en Andalucía y cuyas bases reguladoras, que recogen las directrices y requisitos que guían su concesión, ya han sido aprobadas.
Estos incentivos incluyen como novedad la estabilización laboral, la internacionalización o la reducción de las cargas administrativas, ha informado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez-Villamandos, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes que ha tomado conocimiento de la convocatoria.
El diseño de este nuevo documento legal se encuadra en una reforma integral que el Gobierno andaluz está acometiendo del modelo de gestión de subvenciones destinadas al impulso de la I+D+I andaluza, ha explicado el consejero, que ha incidido en que el objetivo es captar y retener el talento.
Los 78 millones se distribuirán entre cuatro líneas de ayudas diseñadas para cubrir toda la trayectoria investigadora y se apoyará con 40 millones la incorporación de jóvenes como personal técnico de apoyo a la I+D; la formación predoctoral contará con 10,5 millones y la contratación de jóvenes doctores, con 17,5 millones; mientras que la captación de perfiles más consolidados y prestigiosos a nivel internacional a través del programa Emergia recibirá 10 millones.
Además, las bases recogen, por primera vez, la exigencia de estabilización del empleo científico para las universidades y los organismos públicos de I+D+I, principales receptores de esta financiación, tanto en las ayudas destinadas a la contratación en la etapa posdoctoral como en Emergia.
Con esta medida, que contempla el compromiso de crear una plaza con el mismo perfil de la ayuda concedida, se pretende facilitar el acceso a la carrera investigadora de este personal y mejorar las condiciones de su actividad, uno de los compromisos adquiridos desde el inicio de legislatura en materia de investigación y desarrollo, ha destacado el consejero.
El documento también fija una serie de criterios que persiguen reforzar la movilidad y la internacionalización de los científicos andaluces para favorecer su formación y la transferencia de conocimiento con otros centros internacionales y se establece como requisito para optar a las ayudas de formación predoctoral estar matriculado en programas de doctorado con mención internacional o estar en condiciones de hacerlo antes de la formalización del contrato.
En las líneas posdoctorales y Emergia se exige un periodo de estancia o vinculación laboral de al menos un año en universidades y centros de investigación de otros países.
APROBADA LA TRAMITACIÓN DE DOS NUEVAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a iniciar la tramitación de los anteproyectos de ley de reconocimiento de las universidades privadas Europea de Andalucía y Alfonso X el Sabio Mare Nostrum en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía.
El Gobierno andaluz ha explicado en una nota la tramitación que le queda aún a ambos anteproyectos, de manera que una vez que la Consejería recabe todos los informes preceptivos requeridos, entre ellos los del Gabinete Jurídico, Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Consultivo, ambas normativas volverán a someterse al Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo como proyectos de ley, momento en que se remitirán al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación.
El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que "de los ochos proyectos que había cuando llegamos al gobierno, hay cuatro que se han denegado, quedaban cuatro", antes de recordar que "la Universidad Fernando III no llegó a desarrollarse por los gobiernos socialistas anteriores" y de reivindicar "el factor de oportunidad de estos promotores", así como de explicar que pueden transcurrir seis años desde que estas universidades presentaron los proyectos y finalmente vean la luz.
"Siempre valoramos la igualdad de oportunidades entre el sistema público y privado", ha proclamado el consejero, quien ha recordado que en el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC "incorpora 150 millones a las universidades catalanas que no vemos para universidades andaluzas" y concluir de ese hecho que "ahí si hay un atentado a la igualdad de oportunidades", antes de instar a "no preocuparnos porque las universidades privadas no son competencia para las públicas".
El marco normativo vigente, que viene definido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y por la norma autonómica en la materia, establece que la implantación de este tipo de instituciones académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante Ley tras el respaldo de la Cámara andaluza.
De acuerdo con el procedimiento establecido, la Consejería de Universidad ya ha recabado los informes preceptivos de la Conferencia General de Política Universitaria y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y ambos han sido favorables.
Ha sometido los dos expedientes a consideración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y ha incorporado las observaciones planteadas por los rectores sobre una serie de aspectos para su consideración en las leyes de reconocimiento y la posterior autorización de inicio de actividad.
La Junta de Andalucía ha asegurado que ha velado para que estas iniciativas académicas cumplan con los requisitos de la legislación correspondiente, dado que ambas propuestas académicas aspiran a instalarse en Andalucía y a complementar la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, sustentada actualmente en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola.
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