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La macrocausa de los ERE se dividió en tres grandes bloques: la llamada pieza política, en la que han sido condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 exaltos cargos; el bloque de empresas que recibieron las ayudas públicas; y el de los intermediarios, es decir, aseguradoras, abogados y sindicatos que cobraban comisiones.
En el bloque de las empresas, unas 180, cada una constituye una pieza. De ellas, 60 se han archivado: por prescripción o porque no se ha visto delito. La mayoría continúa en instrucción. Tres han tenido ya su juicio: en uno de ellos, el exalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, ha sido condenado a un año y medio de prisión, por la ayudas públicas que recibió para empresas de corcho.
Otra decena de piezas están listas para juicio, pendientes de fecha. Previsiblemente, el próximo será en septiembre, el del chófer del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que reconoció que gastó gran parte del dinero público en cocaína y fiesta.
También está esperando fecha de juicio el tercer gran bloque: los intermediarios. Son aseguradoras, abogados y sindicatos que cobraban comisiones sobredimensionadas por mediar entre la Junta de Andalucía, que daba el dinero, y las empresas que lo recibían.
Entre los imputados en este bloque está el que fuera sindicalista Juan Lanzas, llamado "el conseguidor". Y un prófugo: el dueño de la aseguradaora Vitalia, el exbanquero catalán Eduardo Pascual, que está en busca y captura. La de los ERE es una de las instrucciones más larga y lenta de la historia judicial española.
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