La jueza Bolaños deja de instruir las macrocausas de la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado la reorganización del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las macrocausas relacionadas con la gestión de la Junta de Andalucía, de modo que la jueza titular, María Núñez Bolaños, ya no instruirá esos casos.

Según ha informado este lunes la oficina de comunicación del TSJA, la Comisión de la Sala de Gobierno ha dado el visto bueno al plan de actuación propuesto por Núñez, de baja desde hace varios meses por motivos personales, y el juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana.

Así pues, la primera dejará de instruir las macrocausas para dedicarse a las tareas ordinarias del juzgado y el segundo, como ha venido haciendo desde la baja de su compañera, continuará con la investigación de los grandes casos incoadas en este órgano judicial, como los ERE, la agencia IDEA, Avales, los cursos de formación y las diferentes piezas separadas en que están divididos.

La decisión se produce después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificase el pasado 10 de septiembre el archivo las diligencias informativas abiertas a Núñez Bolaños tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por su instrucción de esas macrocausas.

La Comisión Permanente aprobó así la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria, quien no advirtió irregularidades en su trabajo en el caso ERE, si bien los vocales José Antonio Ballesteros y Nuria Díaz votaron en contra.

El Promotor, Ricardo Conde, concluyó que la jueza no cometió ninguna falta disciplinaria después de que el servicio de Inspección del CGPJ, en un informe fechado el 16 de diciembre de 2019, no apreciase desatención o falta de actividad en la magistrada y achacase los retrasos de su juzgado a la carga de trabajo y a la complejidad de asuntos como el de los ERE.

El informe fue el resultado de la visita que sus miembros cursaron al juzgado a raíz de una denuncia presentada en julio de ese año por el Fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que atribuyó a la jueza una falta muy grave o grave por "desatención y retraso injustificado" en su trabajo.

En sus conclusiones, Conde recordó que el juzgado en cuestión vive "una situación excepcional" desde 2011, cuando se incoaron las diligencias previas del caso ERE, y calificó ese contexto como "fuente inevitable de retrasos".

También recordó que Inspección había tildado el "control" de la magistrada sobre los procedimientos ordinarios y las macrocausas como "eficaz y exhaustivo" y la instrucción del caso ERE como "correcta, ágil y ordenada".