Ribera dice en Doñana que prevé el cierre de 200 pozos en 2025
huelva
La vicepresidenta asegura que no hay suficiente agua superficial para el aumento del número de hectáreas de regadío en el Condado
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, ha afirmado tras una visita a Doñana este lunes que el Gobierno central está trabajando en un plan de recuperación para Doñana que incluye el cierre de de 200 pozos ilegales en 2025 y la inversión en infraestructuras que permitan traer agua de otras cuencas para recargar el acuífero y cubrir las demandas de agua de la zona. Sobre la proposición de Ley de Doñana, la ministra del Ejecutivo central asegura que no hay suficiente agua superficial para el aumento del número de hectáreas de regadío en el Condado.
Ribera, además, se reunirá este martes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ante la "preocupación" que ambas instituciones comparten por la situación en el parque nacional de Doñana. Este encuentro bilateral, que tendrá lugar en los márgenes de la reunión informal de ministros de Medio Ambiente que se celebra este martes y miércoles en Estocolmo (Suecia), llega cinco días después de que el Parlamento andaluz haya aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos en el humedal.
La reunión viene motivada por la necesidad y preocupación compartidas entre la Comisión y el Miteco ante las posibles consecuencias tanto medioambientales como económicas que puede tener la ampliación de los regadíos para Doñana, ya que puede poner en riesgo tanto la captación de fondos europeos como la comercialización de productos como la fresa, uno de los principales cultivos del entorno.
Por su parte, Bruselas ya advirtió la semana pasada a España de los efectos "adversos" para el ecosistema del humedal Doñana que implica la ampliación de regadíos impulsada por la Junta de Andalucía y recordó que se debe dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que obliga a garantizar su protección bajo riesgo de posibles multas si se incumple.