La Comisión Europea advierte a España por los planes para los regadíos en el entorno de Doñana
medio ambiente
Considera "cuando menos desconcertante" que la Junta de Andalucía esté contemplando la ampliación del área de riego.
Exige también que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ya condenó el uso de estos recursos.
La Comisión Europea ha amenazado a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para solicitar una multa por el incumplimiento por parte del Gobierno de Andalucía de una sentencia previa contra la ampliación de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, un paso que Bruselas estudia si las autoridades no toman "lo antes posible" medidas para adecuarse a lo dictado por los tribunales.
En una carta firmada por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooiker, expresa su "honda preocupación" por el impacto que pueda tener en Doñana el retraso del cumplimiento de esta sentencia y, además, considera "cuando menos desconcertante" que la Junta de Andalucía esté contemplando la adopción de medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" lo dictado por Luxemburgo.
Por todo ello, Bruselas avisa de que está dispuesta a hacer uso de "todos los instrumentos" que tiene a su disposición y acudir por segunda vez al TJUE para solicitar sanciones ante el plan del Gobierno de Andalucía de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana "que no cuentan con los preceptivos permisos".
El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación del consumo subterráneo de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del agua y de hábitats.
En su carta, Bruselas advierte del "efecto llamada" que podría generar la regularización de estas áreas de regadío en torno a Doñana, lo que podría tener repercusiones negativas sobre las aguas subterráneas y pone en valor la importancia de la conservación de los hábitats naturales.
España dispone de un mes para dar explicaciones sobre la propuesta legislativa y la falta de cumplimiento de la sentencia del TJUE. El Gobierno de España remitirá la carta a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias para contestar a la misiva, según fuente del ejecutivo de Pedro Sánchez.