Un guardia civil declara que hubo pagos a dirigentes de UGT a través de una empresa instrumental

Durante el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula del sindicato UGT-Andalucía por fraude en subvenciones, un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación ha expuesto cómo, mediante una sociedad instrumental del sindicato, se hicieron "anticipos y pagos mensuales" a diversos cargos de la organización e incluso fue sufragado un viaje del ex secretario general Manuel Pastrana a Costa Rica. 

En este juicio, que comenzó este lunes en la Audiencia de Sevilla, se sientan en el banquillo de los acusados el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros antiguos dirigentes más de la organización acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En la segunda sesión del juicio ha comparecido como testigo este comandante de la UCO que lideraba la investigación policial del caso. Los acusados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero  delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique  Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del  sindicato a través de las empresas que representaban. 

Tiempo atrás, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario  general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete  personas. 

Según el Juzgado de Instrucción encargado de  investigar el asunto, entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus  actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado". 

Según el juez instructor, "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la  información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".  

El comandante de la Guardia Civil que este martes ha declarado en el juicio, en respuesta al fiscal Anticorrupción Fernando Soto, ha narrado que la línea de investigación que condujo a este asunto nació durante las pesquisas correspondientes a la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, marco en el que los agentes  detectaron "posibles irregularidades o fraude" respecto a fondos públicos asignados a UGT-A para labores de formación para el empleo. 

También ha profundizado en el papel de la empresa Soralpe,  manifestando que se trataría de una sociedad instrumental de UGT- Andalucía, porque "su única actividad es para UGT", carecía "ingresos  diferentes" a los vinculados con el sindicato y Enrique Goicoechea,  administrador único de la entidad, sería además miembro del sindicato.

Mediante Soralpe, según ha precisado este investigador a preguntas del fiscal, habrían sido pagadas "determinadas cantidades" de entre 900 y 3.000 euros con carácter "mensual" o "anticipos" a responsables  de UGT-Andalucía como Pepa Castillejo o Dionisio Valverde, figurando  además con cargo a esta entidad un "viaje a Dublín" (Irlanda) de la  responsable de UGT Andalucía María Navarro o un Viaje de Manuel  Pastrana a Costa Rica. Ello, sin que según sus palabras consten devoluciones de los beneficiarios de las cantidades.