Nueve familias de Calahonda, a punto de perder sus pisos alquilados con opción a compra

Nueve familias de Calahonda, en el municipio granadino de Motril,  temen verse en la calle el próximo mes de mayo, tras finalizar el contrato de alquiler que tienen con Visogsa, la empresa pública de la vivienda de la Diputación de Granada. 

Se trata de familias en situación de vulnerabilidad que llevan diez años pagando un alquiler con derecho a compra. Reclaman que se les prorrogue la actual situación hasta que puedan hacer frente a la compra definitiva de los pisos, por los que ya han pagado unos 40.000 euros. David Fernández es uno de los inquilinos de estas viviendas de Visogsa y explica la situación en la que se encuentra, ya que les reclaman unos 120.000 euros, unos 1.300 euros por metro cuadrado.

Asegura que tenían un acuerdo verbal con la anterior dirección de la empresa pública de la Diputación para que se prorrogara durante varios años más el contrato de alquiler. Las familias afectadas y la entidad local donde se encuentran los pisos, están intentando que la Diputación y Visogsa firmen ese acuerdo, según explica Juan Alberto Ferrer Correa, presidente de la Entidad Local Autónoma Carchuna-Calahonda. 

En el bloque hay 22 viviendas, de las que 3 están deshabitadas. José Torrente, gerente de Visogsa, ha asegurado que se va a analizar caso a caso para intentar buscar una solución de pago viable para los afectados, pero ha advertido que hay que cumplir los contratos que entran en opción de compra y que el nivel de deudas es insostenible para la empresa pública.