Un exconcejal de Granada se enfrenta a 15 años de inhabilitación por firmar contratos irregulares
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Según la fiscalía habría firmado un acuerdo con la productora que surtía a la Televisión municipal sin tener competencias y para beneficiar a la empresa burlando a la intervención.
El daño a las arcas se cifra en 864.121 euros.
La Sección Segunda de la Audiencia de Granada juzga al exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes por supuestas irregularidades en la contratación, en el año 2015, de servicios extraordinarios en la televisión municipal. Hecho que habrían supuesto un perjuicio económico de 864.121 euros a las arcas municipales. Por ello la Fiscalía solicita una pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte la defensa sostiene la inocencia de su cliente.
La vista se ha iniciado este martes. Juan Antonio Fuentes ha llegado a la audiencia y ha manifestado que al término del juicio quedará probada su inocencia. Según el relato fiscal, en noviembre de 2011 la empresa municipal de comunicación audiovisual y la empresa CBM, germen del actual grupo Secuoya, suscribieron un contrato de servicio de grabación de todos los eventos informativos, programas o especiales designados por TG7.
El contrato sufrió una serie de modificaciones acordadas por la Junta de Gobierno Local. Dos años después, el entonces concejal Juan Antonio Fuentes, responsable del servicio de radio-televisión, suscribió un convenio de servicios complementarios al contrato inicial. Según la Fiscalía, este nuevo acuerdo, se hizo pese a no tener competencias para ello y con la finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa.
El fiscal estima que el perjuicio causado a las arcas municipales asciende a 864.121 euros y pide también la nulidad del convenio firmado el 1 de julio de 2015, así como de todas las facturas firmadas por Juan Antonio Fuentes en la misma fecha. Por lo que solicita una pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
En el caso también están personados como acusación, el PSOE y Vamos Granada, que solicitan distintas penas de inhabilitación para el exedil para el desarrollo de empleo o cargo público.
