Las gasolineras andaluzas tendrán que tener personal cualificado para las personas con discapacidad

El pleno del Parlamento autonómico ha dado este miércoles luz verde a la tramitación de la reforma de ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía con el objetivo de garantizar la accesibilidad a los establecimientos de combustibles y carburantes a este colectivo.

El proyecto, que modifica la ley de 2017, pasa ahora al trámite en comisión al no haber sido presentada ninguna enmienda a la totalidad por parte de los grupos.

La reforma establece que las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas bienes como combustibles y carburantes deberán contar con personal cualificado que asista a las personas con discapacidad.

Este tipo de instalaciones tendrán que cumplir, en todos los casos, los parámetros de accesibilidad previstos en la normativa de accesibilidad universal o la europea equivalente.

El objetivo, según Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, es permitir el acceso de este colectivo en igualad, prevenir situaciones injustas y garantizar la vida independiente de estas personas.

Además, ha pedido la máxima agilidad en la tramitación para garantizar los derechos del colectivo y ha sostenido que el consenso final seria deseable para avanzar en la eliminación de barreras.

La reforma incluye cuestiones como que los mostradores de las gasolineras puedan ser usados por personas en sillas de ruedas, que las zonas de circulación tengan el ancho adecuado y estén libres de obstáculos y que los objetos que necesiten ser accionados sean fácilmente manipulables por cualquier persona.

También que estén dotadas de una buena iluminación y señalización visual, acústica y táctil, y que la persona usuaria pueda usar la lengua de signos si lo necesita o que existan carteles en Braille.

En caso contrario, deberán contar en el horario diurno comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas con una persona responsable que atienda las necesidades de personas que presenten dificultades para acceder al servicio.

De igual forma, modifica el régimen sancionador en materia de infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Se trata de evitar que las sanciones recaiga sobre las personas titulares y deje impune la conducta de terceras personas que, en la mayoría de los casos, acaban siendo las responsables de estos abusos con dichas tarjetas, ha indicado la consejera.

Con la presencia de distintos colectivos de personas con discapacidad presentes en el debate, los grupos se mostraron de acuerdo en la necesidad de la reforma para adaptar la ley a la UE, aseguró el diputado popular Rafael Caracuel.

Otros, como Vox y Unidas Podemos criticaron las políticas de igualdad del Gobierno de PP y Cs, y sus "incumplimientos" con las personas discapacitadas, aunque con distintos argumentos .

La polémica creció con la intervención de la diputada de Cs, Mercedes López, discapacitada visual, cuando acusó a los gobiernos del PSOE y a IU de "olvidar" a las personas con discapacidad, de haber cometido una "injusticia y una aberración" con este colectivo. "Vengo de donde vengo y a mi no puede contar historias", afirmó.

Las acusaciones provocaron varias interrupciones e intercambio de comentarios entre la bancada socialista y la diputada de Cs, que cuando abandonó el atril mantuvo tensas conversaciones con una diputada del PSOE y con otro de Unidas Podemos.

En su turno de intervención, el socialista Juan José Martín, replicó a la parlamentaria de Cs: "Nadie en el PSOE ha faltado al respeto en este debate y flaco favor se hace cuando se utiliza a los discapacitados para confrontar con este grupo".

Además, recordó a Mercedes López que fue un gobierno del PSOE el que presento la ley del 2017 e ironizó: "Y lo hicimos tan mal que Ciudadanos voto a favor".