Medio ambiente
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investigación judicial
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
Además, solicita el pago de una indemnización de 40,7 millones que sería la cantidad supuestamente defraudada. El escrito de acusación se produce después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las supuestas facturas falsas del sindicato a través de las que habrían desviado fondos destinados a la formación.
En ese auto el juez acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida".
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