La exinterventora de la Junta insiste en que irregularidades en las ayudas no son delito

Rocío Marcos, cuya declaración ha finalizado este miércoles después de más de dos días y medio respondiendo a preguntas de las partes, ha insistido en una idea que ya defendió este martes y es que las irregularidades administrativas detectadas e por la intervención no son delito.

En concreto, IFA/IDEA, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 con la Consejería de Empleo, materializaba las ayudas con fondos del programa presupuestario 31L que la Dirección General de Trabajo allegaba al ente a través de transferencias de financiación.

Marcos, que durante su declaración ha calificado el uso de las transferencias de financiación como "inadecuado" pero no ilegal, ha señalado que "el procedimiento --de concesión de ayudas- inadecuado" no es lo mismo que ilegal, si no que "hace referencia a irregularidades administrativas pero no necesariamente ilegal".

Para las defensas el sistema de concesión de ayudas sociolaborales era conocido por el Parlamento pues en las leyes de Presupuestos de la Junta se recogía una partida presupuestaria en la que se reflejaba la transferencia de fondos de Empleo a IFA/IDEA para ayudas sociolaborales, en virtud del convenio marco.

A juicio de Marcos "para muchos de los que lo conocían, el convenio marco estaba apoyado por el Presupuesto de la Junta, aunque en las memorias no se cita dicho convenio ni se recogía el contenido del mismo, pero en mi opinión no lo apoyaba", ha asegurado.

"Que se cite el convenio marco, cuyo contenido no se explicita, en los Presupuestos, no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación", es decir, que se estén usando para un fin distinto al que están destinadas, según la ley, que es financiar actividades propias de las empresas públicas. En este caso, se usaban para el pago de las ayudas.

"Todavía no he visto un documento donde diga que las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo", ha aseverado Rocío Marcos, quien este martes dijo que de la "exclusiva" lectura de la memoria de los Presupuestos o ficha de gasto no se deducía que las ayudas las daba dicha Dirección General, "ni nadie que leyera el Presupuesto lo vería". 

Rocío Marcos ha mostrado sus discrepancias con respecto a algunas conclusiones de informe de los peritos de la Intervención General del Estado, solicitado por la juez instructora Mercedes Alaya.

Marcos considera "sorprendente" que se diga en ese informe pericial que la Junta no tiene competencias para conceder ayudas sociolaborales. "Me llamó la atención y me extraña que durante 30 años de conferencias sectoriales nunca se haya planteado un conflicto de competencias" por este motivo, ha afirmado.

Además, a su juicio, IFA/IDEA sí tiene potestad subvencionadora, frente a los que dicen los peritos. Por último, ha defendido que las transferencias de financiación "no son ilegales", pues "no tienen defecto de presupuestación", aunque se puedan juzgar los efectos que han tenido por un uso diferente en su finalidad más allá de financiar la actividad de empresas públicas. "No era una presupuestación anormal en absoluto", ha añadido.

Marcos ha insistido en que el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación era "habitual", exponiendo como uno los motivos que se destinara para gastos con especificaciones en su objetivo, como venía recogido en el informe de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA en 2005.

Marcos, que ha vuelto a afirmar que conoció que se había dispuesto de "800 millones fuera de control" para la concesión de ayudas en 2010, cuando el caso de los ERE salta a la prensa con Mercasevilla, ha señalado que IDEA, por el convenio marco, "sólo tenía competencias en el pago" de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

Entre otras cuestiones, Marcos ha indicado que el titular de Hacienda "no tiene competencias para derogar un convenio entre dos consejerías como el convenio marco". En este proceso judicial se encuentran acusados tres exconsejeros del ramo, Magdalena Alvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Igualmente, ha señalado que el decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta no recoge cometido para la Consejería de Hacienda en la resolución de las recomendaciones establecidas en los informes de Control Financiero Permanente sobre entidades auditadas.

También ha precisado que lo único que establece es la intervención de Hacienda ante un informe de actuación y tras la discrepancia presentada por la Consejería afectada por el informe de actuación. Por último, Marcos, que ha concluido su declaración antes de finalizar la sesión de mañana del juicio este miércoles, ha asegurado que la Intervención General "no tenía facultad" para ordenar la concesión de las ayudas ni paralizar los pagos en IFA/IDEA.