Todas las viviendas que se alquilen online tienen que estar dadas de alta en este censo y a cada una se le asigna un número.
Se calcula que en España hay 400.000 viviendas dedicadas a este tipo de alquiler, más de 147.000 en Andalucía.
Esta semana ha entrado en vigor el nuevo Registro Único de Viviendas Turísticas, obligatorio desde el 1 de julio para alquileres turísticos por Internet y con el que se persigue tener un mayor control sobre este mercado y acabar con los pisos turísticos ilegales.
Todas las viviendas que se alquilen online tienen que estar dadas de alta en este censo y a cada una se le asignará un número.
Andalucía está a la cabeza entre las comunidades españolas más cumplidoras: ya ha registrado casi 50.000 pisos turísticos. En conjunto, se calcula que en España hay 400.000 viviendas dedicadas a este tipo de alquiler.
De ellas, más de 147.000 están en Andalucía. Y en esas casas pueden quedarse hasta 774.828 personas. Es cerca del 9 por ciento de la población andaluza, lo que da idea de la gran demanda de visitantes que tiene la comunidad. Las provincias andaluzas donde hay más viviendas de este tipo son Málaga, especialmente en la capital y en Marbella, seguida de Cádiz, Almería y Sevilla.
A partir de ahora, si no tiene código propio la vivienda se queda fuera de las plataformas electrónicas. Este número debe aparecer en la descripción y en las fotos del anuncio, y también en un lugar visible de la casa.
La inscripción pasa de voluntaria a imprescindible, y es obligatoria para alquilar a casas rurales, pisos de temporada, habitaciones y hasta embarcaciones recreativas. Solo se quedan fuera los alquileres que no sean de corta duración.
Los registradores pueden denegar el código si falta algún requisito: licencia de uso turístico, certificado de habitabilidad, referencia catastral, dirección exacta, tipo de vivienda, o el aforo máximo autorizado. Y si se demuestra fraude, habrá multas desde 10.000 euros.
La medida, puesta en marcha mediante un Decreto Ley, es una aplicación de un Reglamento Europeo de 2024. Queda por demostrar su operatividad para identificar y eliminar alquileres ilegales. De momento, entra en vigor con una cascada de recursos, entre ellos el de la Junta de Andalucía.