Empresario vio "gansteriano" oferta Lanzas para conseguir ayudas de la Junta

Illescas ha declarado hoy como investigado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en el marco de la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas públicas a esta empresa de Pilas (Sevilla) para hacer un ERE en 2005 en el que se prejubiló Juan Pérez, casado con la hermana del exconsejero José Antonio Viera, quien defendió en su día la legalidad del mismo ya que su cuñado cumplía los requisitos de edad y años trabajados en la empresa.

Según informaron a Efe fuentes del caso, Illescas ha explicado que cuando compró la empresa los trabajadores, asesorados por el bufete Garrigues, se dieron de baja por depresión y él se reunió con el delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, quien le dijo que le ayudaría a hacer un ERE con financiación de la Junta y con Vitalia como mediadora para tramitar las pólizas de prejubilación.

Según el empresario, su intención era prejubilar a nueve trabajadores mayores de 52 años pero Rivas le informó de que para hacer un ERE el número mínimo tenía que ser diez por lo que acordaron meter a una trabajadora que en realidad no se iba a prejubilar.

El llamado conseguidor de los ERE, el exsindicalista Juan Lanzas, se le presentó como intermediario y se ofreció a hacer gestiones para asegurarle la financiación de la Junta porque él "tenía mano" con la Consejería de Empleo y ya lo había hecho otras veces.

A cambio le pidió un porcentaje por trabajador, algo que a Illescas le pareció "gansteriano", por lo le dijo que no y ya no volvió a hablar con Lanzas.

El empresario también ha declarado que Vitalia le pidió 90.000 euros como adelanto hasta que la Junta le pagase, aunque nunca se los devolvieron y ha dicho desconocer si la mediadora -cuyos directivos son investigados por el cobro de sobrecimisiones en la tramitación de los ERE subvencionados por la Junta- se repartió ese dinero con Lanzas.

Junto con el exdelegado de Empleo se reunió con el gerente de la agencia pública IDEA, ya que Rivas le explicó que esta haría los pagos y, efectivamente, ha señalado que IDEA era quien ingresaba el dinero a las aseguradoras con las que se tramitaron las pólizas de prejubilación de los trabajadores, quienes le dijeron que el asesoramiento del bufete Garrigues lo paga la Junta.

Según Illescas, además del ERE para estas prejubilaciones se hicieron hasta seis adendas al mismo para dar ayudas a otros trabajadores a los que les habían denegado el subsidio de paro.

Por otra parte, hoy también ha declarado por varias piezas separadas la exasesora de Empleo María José Rofa, testigo clave que aportó gran documentación a la investigación y que la semana pasada compareció en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" para dar estas ayudas de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

En el juicio de la pieza política, Rofa describió una situación de gran "desorden" sin "expedientes como tal" de la concesión de las ayudas que otorgaba la Dirección General de Trabajo cuando ella llegó en 2008 de la mano de Juan Márquez, quien sustituyó a Javier Guerrero como titular de este departamento (ambos son juzgados en esa pieza).

En el juicio, Rofa defendió la labor de su exjefe por intentar poner orden en el trabajo de su antecesor y cambiar los procedimientos, incluso rechazando asumir compromisos de ayudas adquiridas por Guerrero.

Pero según letrados presentes, en su declaración de hoy ha manifestado que éste, junto con su sobrino Jesús Andrés Rodríguez, al que contrató, llevaban expedientes de ayudas directamente de los que no se guardaba nada en el servidor y que no han llegado al juzgado cuando estalló el caso ERE.

Según Rofa, al sobrino de Marquez los empresarios le mandaban las solicitudes de ayudas por correo y no las pasaba por el registro oficial.