El Gobierno andaluz ratifica el acuerdo de la función pública que beneficia a 70.000 trabajadores

El Gobierno andaluz ha ratificado este miércoles el acuerdo alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y salariales de casi 70.000 empleados públicos. Garantiza las condiciones laborales para los próximos 5 años. El acuerdo, alcanzado con lo sindicatos, sienta las bases para una administración más ágil ante el ciudadano. El consejero José Antonio Nieto califica de "histórico" un acuerdo que no se renovaba desde hace dos décadas. Es el primer gran pacto global desde 2026. Tiene un alcance económico de 250 millones de euros para mejorar el sector público. Se centra en la digitalización, la mejora retributiva, la carrera horizontal y la evaluación del desempeño.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el titular de Justicia, José Antonio Nieto, ha dicho que se trata del primer gran acuerdo en la mesa general de negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral y ha valorado que todos los sindicatos lo hayan ratificado -UGT, CCOO, CISF, SAF e ISA-. Ha explicado que afecta a casi 70.000 empleados públicos de la administración general y de entes instrumentales y a casi 10.000 funcionarios de justicia (que dependen funcionalmente de la Junta desde la asunción de competencias) y, al tratarse de un acuerdo que afecta a más de un ámbito de la administración, ahora empieza a negociarse el despliegue de su contenido.

Se busca "tener completamente ordenada la administración andaluza, excluido el ámbito sanitario y educativo, y dotarlo de modernidad y flexibilidad", ha afirmado el consejero, que ha abundado en que su ratificación le otorga seguridad jurídica para desplegar las medidas a partir de enero de 2026 gracias a tener cobertura financiera en los presupuesto andaluces.

Ha detallado que se ha acordado una dotación financiera anual de cincuenta millones durante cinco años (desde 2026 a 2030) para implementar medidas como la carrera profesional, la puesta en marcha de un sistema de productividad, la recuperación de las medidas de acción social y la ordenación progresiva de los entes instrumentales públicos.

El consejero ha explicado que se impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento "objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la Junta de Andalucía". En este sentido, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General -de 10 noviembre de este año- de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto que regule estos conceptos, ha precisado.

Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por uno nuevo de puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo. 

Igualmente, se refuerza la estabilización del empleo en el sector público con el objetivo de reducir la temporalidad, que ahora está en la administración general de la Junta en el 8 % pero se han fijado bajarla al 5 %, mediante el compromiso de una programación anual de una oferta pública de empleo para "no abusar de la temporalidad".

Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional.

Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, y la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales.