El juzgado de Sevilla que instruye el supuesto fraude en las subvenciones a la empresa del ex dirigente socialista se inhibe en favor de la instancia comunitaria, por tratarse de fondos europeos.
La sociedad Aulacen 5 S.L recibió del Servicio Andaluz de Empleo cuatro ayudas que sumaban casi 194.000 euros, el 80% del Fondo Social Europeo.
Quedan suspendidas las declaraciones previstas de los investigados en el caso: el propio Rafael Velasco y varios familiares, y exaltos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, actualmente en prisión por los ERE.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ingnacio Vilaplana, ha acordado inhibirse en favor de la Fiscalía Europea en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, al mediar en el asunto subvenciones concedidas con cargo al Fondo Social Europeo. El juzgado sevillano se inhibe para que la instancia judicial comunitaria dilucide “si asume o avoca para sí la competencia para la instrucción/investigación de la causa”.
En un auto de 85 páginas difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado de Sevilla detalla todos los aspectos de la investigación, explicando que “la actuación fraudulenta objeto de las presentes actuaciones podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 80% del importe de las subvenciones concedidas en favor de Aulacen Cinco S.L. objeto de autos, por 193.938,30 euros, se habría financiado con cargo al Fondo Social Europeo”.
El auto añade que “a la vista del relato de hechos delictivos por los que se procede, podría determinar la posible perpetración de un delito de fraude de los presupuestos de la Unión Europea”.
En consecuencia, el juez suspende las comparecencias que había fijado para que el 2 de abril declarase como investigado Rafael Velasco. Para esa misma jornada también estaban citados como investigados varios familiares del ex dirigente socialista: Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente.
También quedan suspendidas las comparecencias que estaban fijadas para el 23 de abril para que declarase como investigado el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación por el caso de los ERE. Citados también estaban para ese día como investigados los ex directores generales de Formación de la Junta María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García, así como Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.
Este último, según la investigación, “sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo”. Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un “certificado” sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005 a pesar de que la constitución de la sociedad se produjo en diciembre de ese año.
Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5”, vinculada a Rafael Velasco.
Así, la empresa del exdirigente socialista habría recibido cuatro subvenciones irregulares otorgadas por el SAE que sumarían casi 194.000 euros. Según el auto judicial, “podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, que atribuye la concesión de las ayudas a varios ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del SAE.