Los dos profesores acusados de la muerte de un niño dicen que estuvieron "vigilando"

Este martes ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, el juicio a los dos profesores acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años ahogado en la zona de los Baños de Popea durante una excursión de un instituto en mayo de 2018.

PROCESADOS

Han defendido en esta sesión que estuvieron "vigilando" a los menores, que no notaron que tuvieran problemas para nadar, ni les avisaron de que fuera así, tras contar con las autorizaciones, y que nadie advirtió de que la zona fuera peligrosa, ni había señal al efecto.

Los dos procesados, que han lamentado los hechos, han declarado que no escucharon "el más mínimo ruido, manotazo, aspaviento" o "voces de socorro", porque de lo contrario habrían "reaccionado", a lo que han agregado que "ninguno de los niños" con los que estaba nadando Juan David dijo "nada", aunque uno de ellos comentó tras su ausencia que "había bromeado a lo largo del día diciendo que 'se ahogaba'", según el testimonio de los profesores.

DEFENSA

Rafael Espejo, abogado de la defensa, que pide la libre absolución de los dos profesores resalta que está impactado porque ningún de los otros cuatro chicos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, estando juntos en un entorno de  apenas un metro, un metro y medio.

ACUSACIÓN PARTICULAR

La madre de Juan David ha explicado que firmó la autorización de la actividad en los Baños de Popea, pero "no donde fue" su hijo, porque "si hubiera conocido la zona, no lo habría autorizado", a lo que ha agregado que su hijo "no tenía la destreza de nadar". "Le dejaron ahogarse en una poza", ha añadido la madre que ha subrayado que aunque hubiera ido con ella, "no le habría dejado" bañarse.

Gregorio Delgado, abogado de la acusación particular, pide para cada uno de los profesores cuatro años de cárcel y entre 4 y 6 años de inhabilitación para ejercer su profesión. Entiende que no ha habido un deber de diligencia, de cuidados, de atención.

FISCALÍA

La Fiscalía pide también para cada uno de los profesores cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer su profesión.

Según recoge su calificación, en octubre de 2017 se aprobó por el Consejo Escolar del IES la programación anual de actividades extraescolares previstas para el curso, entre las que estaba la actividad 'Villares-Baños de Popea-espeleología' para los alumnos de 2? de ESO a realizar en mayo. Dicha actividad precisaba de autorización paterna, en la que se informaba a los padres de los pormenores de la misma para prestar el consentimiento a que sus hijos participaran. 

LOS HECHOS

Sobre las 18:00, un grupo de alumnos, entre los que iba Juan David, "con conocimiento de los acusados", se alejó de la orilla para nadar hacia unas cascadas existentes en el río, atravesando una poza de unos cinco metros de profundidad, "que entrañaba un riesgo para ellos, debido a que en esa zona no se hacía pie" y el citado menor "nadaba con poca destreza, circunstancia que los acusados debían conocer para garantizar su seguridad", según expone el Ministerio Público.

"Los acusados omitiendo las más elementales normas de cuidado a cuya observancia venían obligados, desatendieron la diligencia debida cuando los menores se bañaban en la zona peligrosa, sin advertirles del riesgo", dado que, según el fiscal, "conocían la existencia de la poza".

Además, precisa que "el procesado se dedicó a grabar la escena con el teléfono móvil, sin percatarse de la dificultad del menor al nadar y sin vigilancia alguna por parte de los dos profesores". A consecuencia de ello, el niño "no consiguió mantenerse a flote, sumergiéndose en el río, cuya profundidad provocó la muerte del menor por sumersión".

Los procesados, "lejos de controlar la presencia de todos los niños, estuvieron al menos una hora sin percatarse de la ausencia del mismo, pues sobre las 19:00 comprobaron que no estaba entre sus compañeros".

La madre del menor, único progenitor reconocido, reclama lo que le corresponda "con arreglo a derecho", mientras que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta tenía concertada póliza de responsabilidad civil patrimonial con una entidad, cuyo ámbito de cobertura comprendía desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

En el dispositivo de búsqueda en la zona participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza y el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, junto a efectivos de los Bomberos de Córdoba, la Policía Local y grupos de voluntarios.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía precisaron que el cuerpo sin vida de Juan David fue localizado pasadas las 0:00 del día 30 de mayo a tres metros de profundidad en una zona rocosa situada en una de las pozas del río.

Los forenses que practicaron la autopsia al menor de edad concluyeron que el fallecimiento se produjo por "ahogamiento".

La familia de Juan David decidió repatriar su cuerpo al país en el que nació, Bolivia, para ser enterrado, después de lograr el dinero necesario para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, localidad cordobesa donde residía, y el AMPA del IES Colonial, en el que cursaba estudios. El citado pueblo vivió dos días de luto oficial.

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, lamentó los hechos "bien por un despiste, bien por no valorar el peligro o por cualquier otra circunstancia", a la vez que comentó que "era un niño bastante querido, afable y cariñoso, al igual que sus padres".