El Gobierno abre la vía a reclamar la Mezquita de Córdoba

La Iglesia católica de España inmatriculó "a la luz de la legalidad" un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados.

"Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad", ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y las 14.947 restantes se relacionan con otros usos: terrenos, solares, viviendas o locales, según ha concretado Calvo.

Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".

También ha puntualizado que el conjunto de las inmatriculaciones tiene una intensidad diferente por comunidades autónomas y territorios.

En todo caso, Calvo ha precisado que "esa legalidad que ha propiciado este volumen de inmatriculaciones, ahora puede ser contestada, como es lógico".

CUALQUIERA QUE DISCREPÉ PODRA RECLAMAR

Por ello, ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales".

Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, "esa será una decisión suya".

PATRIMONIO HISTORICO

Calvo también ha destacado que en el listado aparecen "bienes afectos a un régimen muy especial" que son todos aquellos que están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español o protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico, como es el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO.

"Todos esos bienes tienen un régimen especial por cuanto forman parte de la propiedad privada pero están afectos a otros fines públicos y de utilidad social", ha remarcado.

Carmen Calvo ha asegurado que la publicación de este informe significa "un paso de colaboración continua con las Cortes Generales" ya que fue el Congreso de los Diputados el que instó al Gobierno en 2017 a la realización de este estudio, a partir de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE.

Sobre el listado, Calvo ha asegurado que es fruto de un trabajo "prolijo y riguroso" desde la Administración General del Estado. Además, ha precisado que no hay "ningún desfase" en las cifras y ha añadido que las inmatriculaciones se han contado "una a una".

En concreto, se pidió que enumerase los bienes inmatriculados por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998, que fue la fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria. Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.

El Congreso ya instó hace cuatro años a analizar los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la Mezquita de Córdoba.

Con la remisión del informe del Gobierno al Congreso, este listado será público y los particulares podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.

La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.