El Congreso tramitará la gratuidad de la educación de 0 a 3 años a instancias del Parlamento andaluz

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes tramitar una proposición de ley del Parlamento andaluz para posibilitar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años, sin carácter obligatorio), un objetivo al que el Gobierno contribuirá con su financiación.

Los diez portavoces de los grupos parlamentarios que han subido a la tribuna a fijar su posición tras escuchar la defensa de la iniciativa por boca de una delegación del Parlamento de Andalucía (del PP, PSOE y Ciudadanos) han avanzado su apoyo o abstención a la norma, que modificará partes del articulado aún vigente de la Ley Orgánica de Educación (LOE), sustituida hace ahora un año por la Lomloe (Ley Celaá).

Con el apoyo de la Cámara Baja a la toma en consideración de la iniciativa andaluza, el Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de Infantil, de modo que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficientes, con cargo a los Presupuestos Generales, mediante transferencias a las comunidades autónomas.

La propuesta de ley contó en el Parlamento autonómico con el apoyo de todos los grupos (solo Unidas Podemos se abstuvo).

Durante su defensa en el hemiciclo del Congreso, a cuya tribuna de invitados han acudido trabajadoras de la red andaluza de escuelas infantiles, la delegación de Cs, PP y PSOE han argumentado la necesidad de esta norma en cuatro principios: favorecer la conciliación; eliminar las desventajas iniciales del niño socialmente desfavorecido, potenciar la igualdad de oportunidades educativas; prevenir el fracaso escolar, y generar empleo.

Por el PSOE, María Márquez ha explicado que en su región las tasas más altas de escolarización en esta etapa corresponden a quienes tienen un 100 % de bonificación en la cuota (50%) y a continuación las familias con más recursos, es decir, aquellas que pueden pagar 300 euros por niño y en sus casas entran 2.400 euros mensuales.

Una de las consecuencias de esta situación, ha añadido, es que más de medio millón de mujeres no buscan empleo o no trabajan para poder cuidar a sus hijos.

A continuación, el diputado autonómico del PP Miguel Ángel Ruiz ha subrayado que esta iniciativa es una necesidad y una demanda social, y ha dicho que el 70 % de las escuelas infantiles en su tierra son proyectos de emprendedoras, que dan trabajo a 10.000 mujeres.

De Ciudadanos, la diputada andaluza Mar Sánchez ha defendido que el Estado debe garantizar los recursos, vía Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, y ha pedido a la Junta de Andalucía que se retracte en su decisión de no utilizar los 123 millones de euros del Ministerio de Educación para crear nuevas plazas de Infantil.

La Consejería de Educación del Gobierno de Juan Manuel Moreno afirma que la oferta actual de plazas de 0 a 3 años tiene un 20% de vacantes.

Pese a que ningún grupo parlamentario se ha opuesto a la tramitación de la iniciativa, portavoces como el del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, del BNG, Néstor Rego, y del PNV, Josune Gorospe, han advertido de los importantes aspectos competenciales que habrá que trabajar más adelante.

LA LEY DE VIVIENDA NO SE TRAMITARÁ

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que elaboraron más de 120 organizaciones sociales -lo que impide su tramitación parlamentaria-, después de que Unidas Podemos (UP) retirara su firma del texto.

No obstante, a falta de la votación, UP ha asegurado que votará a favor y que ha quitado su firma porque el PSOE se lo ha pedido, ya que en pocos días está previsto que el Consejo de Ministros remita a la cámara el anteproyecto de ley de vivienda pactado por los socios de gobierno.

Para ser tramitada, la proposición de ley necesitaba también del apoyo del PSOE, que no se lo ha dado por considerar que "no respeta el marco constitucional, invade competencias autonómicas y bordea otros derechos constitucionales", además de porque el Gobierno ya tiene listo un anteproyecto que "contiene muchos elementos" similares, ha explicado el diputado Ignacio López Cano.

Desde el grupo socialista señalan que Podemos ha retirado su firma porque era "incoherente" y sostienen que la proposición de ley de las organizaciones sociales "choca frontalmente" con el anteproyecto del Gobierno.

Durante el debate, la diputada del PP María Zurita ha acusado a Podemos de "dejar tirados" al resto de partidos de izquierdas, mientras que Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos) lo ha atribuido al "efecto Sánchez" y a que su "múltiple personalidad les está haciendo efecto".

La representante de Podemos que ha participado en el debate, Pilar Garrido, no ha hecho ninguna referencia a que su grupo haya dejado de respaldar con su firma la iniciativa del movimiento social, que registró en la cámara el pasado 30 de septiembre junto con Más País, Bildu, ERC, CUP, Junts, Compromís, BNG y Nueva Canarias.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha arremetido contra la "izquierda cobarde que se pone del lado de los grandes propietarios y no de las familias" -en alusión al PSOE-, mientras que la representante de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha opinado que el anteproyecto del Gobierno "se queda corto" y que hay que "aunar los dos proyectos en una buena ley de vivienda".

Para el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se trata "acercarse a los modelos exitosos de París, Nueva York o Viena".

Errejón ha argumentado que, de cada cinco casas que se venden, solo una está destinada a ser un hogar y el resto es "para la especulación e inflación de precios", lo que "distorsiona" el mercado, que no es que esté desregulado, sino que está "regulado a favor de los rentistas", por lo que es necesaria una "regulación que equilibre la balanza".